CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN


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1 1 HONORABLE ASAMBLEA A la Comisión de Recursos Naturales, se turnó la iniciativa de Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo. A N T E C E D E N T E S Que en sesión de Pleno de 11 de enero de 2007, se dio lectura a la Iniciativa de Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo; presentada por los diputados Rafael López Hernández, Uriel López Paredes, Benigno Quezada Naranjo, y Alejandro Méndez López, turnándose a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, para su estudio, análisis y dictamen. Del estudio realizado por esta Comisión se arribó a las siguientes: CONSIDERACIONES Que el Congreso del Estado es competente para legislar, reformar, abrogar y derogar las leyes o decretos, conforme a lo previsto por el artículo 44 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Que la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente es competente para estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa de Ley Ambiental y de Protección al Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 K de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo Que la iniciativa de Ley presentada por los diputados Rafael López Hernández, Uriel López Paredes, Benigno Quezada Naranjo, y Alejandro Méndez López, se sustentó sustancialmente en lo siguiente: El Estado de Michoacán de Ocampo ocupa uno de los primeros lugares en el país en pérdida de biodiversidad y recursos naturales, en parte atribuibles a la carencia de instrumentos de política, así como de facultades legales por parte de las autoridades para poder atender eficazmente la

2 2 problemática ambiental y para orientar el desarrollo del Estado hacia la sustentabilidad. Desafortunadamente, la destrucción de los hábitats por el cambio de uso de suelo, la instalación inadecuada de infraestructura, la introducción de especies exóticas, la contaminación por residuos sólidos, la falta de tratamiento de aguas residuales, el uso irracional de agroquímicos, el desarrollo urbano desordenado, la sobreexplotación de los recursos naturales por actividades extractivas tales como la caza ilegal, la pesca desmedida y la tala clandestina, constituyen problemas ambientales que amenazan a la biodiversidad en el Estado. La atención de los problemas ambientales y la necesidad de orientar los nuevos procesos de desarrollo hacia la sustentabilidad, hacen necesaria la integración y actualización de las políticas ambientales de los tres órdenes de gobierno, la mejora de la procuración de justicia ambiental, así como la regulación eficaz de las interacciones entre el ser humano y su entorno natural, de acuerdo con las nuevas circunstancias sociales y tecnológicas. Para lograrlo, deben formalizarse en la ley y aplicarse los nuevos instrumentos de política ambiental disponibles, conforme a una estrategia que propicie la efectiva concurrencia de autoridades, evite excesos, duplicidad y dispersión de esfuerzos y recursos. La actual Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo, si bien provee un marco legal para la actuación de las autoridades ambientales, resulta insuficiente frente a una problemática ambiental que ha rebasado los alcances de la legislación vigente. Es necesario introducir conceptos legales e instrumentos de política ambiental que no contempla nuestra actual legislación ambiental. Asimismo, es necesario adecuar, reforzar y actualizar instituciones legales ya contempladas en nuestra actual legislación, para aumentar su eficacia. Tal es el caso de la procuración de justicia ambiental. Por otra parte, las leyes federales relativas al ambiente han sido modificadas sustancialmente en los últimos años, delimitando los ámbitos de competencia de los tres órdenes de gobierno, precisando las funciones que deben desempeñar cada uno de ellos y las funciones que pueden transferirse a Estados y Municipios, e iniciando así un proceso de

3 3 descentralización de la política ambiental. Es necesario actualizar nuestra legislación para armonizarla con esta nueva realidad legal, para poder recibir competencias, atribuciones y recursos para la protección al ambiente. En otro orden de ideas, como consecuencia de reformas realizadas recientemente en el Estado, con la publicación de las nuevas leyes de Desarrollo Forestal Sustentable, y la de Aguas y Gestión de Cuencas, se derogaron numerosos artículos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que más de la mitad del cuerpo legal quedó derogado. Con esto último, inclusive el formato y legibilidad de la legislación vigente se vio afectado. Por todo lo anterior, se ha decidido integrar este proyecto de una nueva legislación ambiental, que responda a la problemática planteada, que incorpore los nuevos instrumentos de política y legislación ambiental. Que esta Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, para la elaboración de la iniciativa de Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo que ahora se dictamina, convocó a un foro de consulta en el que participaron instituciones, como son la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente y el Consejo Estatal de Ecología. Que la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo, materia del presente Dictamen, contempla nuevos aspectos, siendo relevantes los siguientes: Se establece un nuevo capitulado que incorpora en su estructura de manera consistente materias, instrumentos y estrategias de política ambiental que la Ley vigente no contempla. Se modifican las facultades del Ejecutivo Estatal, para precisar de manera más amplia, los ámbitos de competencia estatal y municipal, en las diferentes materias relativas a la protección del ambiente; asimismo, establece la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán, el cual tiene dentro de sus facultades, atender y resolver las denuncias ciudadanas presentadas conforme a lo dispuesto por la presente Ley en los asuntos de su competencia, y emitir sanciones cuando lo amerite el hecho que fuere denunciado.

4 4 La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán, se crea como órgano desconcentrado, con autonomía técnica y de gestión, que desempeñará las funciones de comando y control que actualmente tiene la Secretaría, tales como son las de vigilar la observancia de la Legislación en la materia y al mismo tiempo las de sancionar. Se actualiza el procedimiento para crear el ordenamiento ecológico del territorio, tanto en el Estado, en los municipios y en las zonas costeras, apegándose a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a las últimas modificaciones hechas al Reglamento Federal en la materia, atendiendo principalmente la participación social en el proceso de formulación, aprobación y ejecución de dichos ordenamientos. Se mejoran los procedimientos y se facilita la gestión relativa a la autorregulación y la auditoría ambiental voluntaria; asimismo, actualiza las disposiciones relativas al establecimiento, administración y control de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal, conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento, estableciendo la posibilidad de crear áreas naturales protegidas de carácter privado o social, e introduce la figura de las zonas de restauración, a fin de revertir procesos de degradación o desertificación. Se contempla la prevención y control de la contaminación del agua, la protección de los ecosistemas acuáticos; asimismo, se detalla de manera más precisa la prevención y control de emisiones contaminantes generadas por fuentes fijas y móviles; se contempla un capítulo para el uso de energía renovable; y se establecen los preceptos para hacer frente a las situaciones de contingencia ambiental en el Estado; instrumentos de política ambiental que actualmente no se observan en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo y que son necesarios para el desarrollo sustentable en la Entidad. Se instaura el procedimiento para que el Estado y los municipios, según corresponda, pongan a disposición de quienes lo soliciten, la información ambiental que les sea requerida, integrándose además, un Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales en el Estado, con el objeto de salvaguardar el derecho de la ciudadanía a la información en la materia, debiendo

5 5 la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, elaborar y publicar anualmente un informe detallado de la situación general existente en el Estado sobre equilibrio ecológico y protección al ambiente; y, en materia de participación social, se amplía el número de 23 a 30 consejeros, para conformar el Consejo Estatal de Ecología, lo que garantiza que la sociedad civil se encuentre representada en este órgano. Se establece la base legal que sustenta la creación de Normas Ambientales Estatales, las cuales contemplarán los requisitos, especificaciones, condiciones, parámetros y límites permisibles en el desarrollo de las actividades humanas que pudieran provocar daños al ambiente y, cuyo objeto principal, será complementar las Normas Oficiales Mexicanas en la materia. Se plantea un apartado de instrumentos económicos, proponiéndose la creación de un fondo ambiental, con la finalidad de generar recursos para facilitar el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, destinándose dichos recursos principalmente a la realización de acciones de protección del ambiente, conservación del Patrimonio Natural y preservación de los hábitats naturales del Estado, así como al manejo y administración de las áreas naturales protegidas; la compensación por la producción y mejoramiento de los servicios ambientales; la promoción de los mecanismos de desarrollo limpio; la remediación de suelos contaminados y a otras actividades enfocadas a la protección del medio ambiente, contemplándose en este capítulo sustancialmente el contenido de la Iniciativa de reformas a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por el diputado Alejandro Méndez López, en materia de instrumentos económicos. Se implanta la obligación sobre la contratación de un seguro de responsabilidad civil por daños al ambiente, como instrumento precautorio en caso de desastres por la realización de actividades consideradas como riesgosas. Se crea la figura de la Responsabilidad por Daños al Ambiente, por la ocurrencia de algún daño ambiental producido a las personas o su patrimonio, instaurándose además, como consecuencia de la Responsabilidad por Daños al Ambiente, la reparación de estos, de acuerdo a las reglas establecidas para tal efecto en el Código Civil del Estado de Michoacán. Que es menester señalar, que para la elaboración de la Iniciativa de Ley que se dictamina, los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y

6 6 Medio Ambiente de este Congreso del Estado, llevamos a cabo una serie de reuniones de trabajo con la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, el Consejo Estatal de Ecología y con la Dirección de Asuntos Legislativos de la Secretaría de Gobierno del Estado, a efecto de integrar las observaciones que se han remitido a esta Comisión por parte de diversas instituciones y por la ciudadanía en general, así como para enriquecer el proyecto con las aportaciones de las autoridades del Ejecutivo. Que por las consideraciones expuestas y con apoyo en los previsto en los artículos 57, 58, 60, 122, 123, 124 y 126 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, nos permitimos presentar al Pleno de esta Legislatura, el siguiente proyecto de: LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Capítulo I De las Normas Preliminares Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y sus disposiciones son de observancia obligatoria en el Estado de Michoacán de Ocampo. Artículo 2.- La presente Ley tiene como objeto proteger el ambiente, conservar el patrimonio natural, propiciar el desarrollo sustentable del Estado, y establecer las bases para: I. Tutelar, en el ámbito de jurisdicción estatal, el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; II. Prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo, y conservar el patrimonio natural de la sociedad en el territorio del Estado;

7 7 III. Ejercer las atribuciones que en materia ambiental correspondan al Estado y sus municipios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás ordenamientos aplicables en la materia; IV. El diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos económicos que promuevan el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental mediante la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para la prevención de la contaminación y la protección al ambiente en el Estado; V. La regulación de las actividades riesgosas de jurisdicción estatal; VI. La creación, vigilancia y administración de las áreas naturales protegidas y del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural; VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores provenientes de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales o de servicios, así como, en su caso, de fuentes móviles que se localicen en el Estado, cuya regulación no sea competencia de la Federación; VIII. El ordenamiento ecológico del territorio del Estado, de sus regiones, los municipios y núcleos agrarios; IX. La promoción de la participación social y la cultura ambiental para el uso sustentable de los recursos naturales en el ámbito estatal; X. La regulación del aprovechamiento de los minerales o substancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos de los que se extraen; XI. La preservación, protección y restauración del ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de las obras y los servicios de alcantarillado, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de

8 8 residuos, mercado, centrales de abasto, panteones, tiraderos a cielo abierto, rastros y transporte local; XII. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no sean competencia de la Federación; XIII. Regular la gestión integral de los residuos de competencia estatal y municipal, la prevención de su generación, el aprovechamiento de su valor, su disposición final y el fomento de la participación social en esta tarea, así como las bases para la prestación del servicio de limpia y la remediación de suelos contaminados con residuos; XIV. Garantizar el derecho de la ciudadanía a participar, en forma individual o colectiva, en la preservación del patrimonio natural y la protección al ambiente; XV. La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales; XVI. La protección de la diversidad biológica en el Estado; y, XVII. Establecer los mecanismos de coordinación y concertación entre las autoridades y los sectores social y privado en materia ambiental. Artículo 3.- Se consideran de utilidad pública: I. El ordenamiento ecológico del territorio del Estado, así como las acciones necesarias para su cumplimiento; II. El establecimiento y la administración del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural, así como de las zonas de restauración ambiental; III. La formulación y ejecución de acciones de protección y conservación de la diversidad biológica y el mantenimiento de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestre ubicada en las zonas sobre las que el Estado ejerce su jurisdicción;

9 9 IV. La conservación de la diversidad biológica y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a fin de hacer compatible la generación de beneficios económicos con la conservación de los ecosistemas; el suelo; V. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, el agua y VI. La adopción de medidas preventivas tendientes a incidir en los hábitos y actitudes de la población frente al consumo de bienes y servicios, que reduzcan o minimicen la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; VII. El establecimiento de mecanismos que favorezcan la responsabilidad compartida de los productores, importadores, comercializadores, consumidores, empresas de manejo de residuos y autoridades estatales y municipales respecto del manejo de los residuos; residuos; VIII. El desarrollo de la infraestructura para el manejo integral de los IX. La planeación y ejecución de acciones que fomenten la educación ambiental y el fortalecimiento de la cultura ambiental, así como el desarrollo de tecnologías limpias; X. La participación social orientada al desarrollo sustentable y la protección del ambiente del Estado; XI. El establecimiento, formulación, operación, evaluación y fomento de instrumentos económicos que promuevan la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para la prevención de la contaminación y la protección del ambiente en el Estado; XII. El establecimiento de Sistemas de Gestión Ambiental; y, XIII. Las acciones tendientes a preservar los recursos suelo y agua de jurisdicción estatal, con el objeto de evitar la erosión, propiciar el control de torrentes y evitar el daño a presas y vasos en el Estado.

10 10 Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se consideran las definiciones previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de las siguientes: I. Actividades Riesgosas: Aquellas de las que pueden derivarse daños a la salud o al ambiente, y que al no ser consideradas altamente riesgosas por la legislación federal, son de competencia estatal; II. Aguas Residuales: Las aguas de composición variada, provenientes de actividades domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad humana y que por el uso recibido se les haya incorporado contaminantes en detrimento de su calidad original; III. Almacenamiento Temporal de Residuos: Aquel cuya duración es menor o igual a seis meses, en condiciones controladas que eviten o minimicen los impactos al ambiente y los riesgos a la salud humana de los residuos almacenados; IV. Aptitud Natural: Las condiciones que presenta el territorio como base para la mejor alternativa de uso y manejo; V. Áreas Naturales Protegidas: Las zonas del territorio estatal que han quedado sujetas al régimen de protección para preservar ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, lograr el aprovechamiento racional de los recursos naturales y mejorar la calidad del ambiente en general y en particular de los centros de población y sus alrededores; VI. Basura: La mezcla de dos o más residuos distintos en su origen, naturaleza, características y vocación intrínseca, que dificulta o imposibilita su valorización mediante reutilización o reciclaje y que puede representar un riesgo para la salud humana y para el ambiente; de Cuencas; VII. Comisión Estatal del Agua: La Comisión Estatal del Agua y Gestión VIII. Comisión: La Comisión Forestal del Estado de Michoacán;

11 11 IX. Composta: El Producto del tratamiento mediante procesos de biodegradación que mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas de los residuos sólidos orgánicos para ser aprovechados como fertilizantes y recuperadores de suelos degradados; X. Consejo: El Consejo Estatal de Ecología; XI. Conservación: La permanencia de los elementos de la naturaleza, lograda mediante la planeación ambiental del desarrollo, con el fin de no provocar un impacto ambiental negativo y asegurar para las generaciones presentes y venideras, un ambiente propicio para su desarrollo y los recursos naturales que les permitan satisfacer sus necesidades; XII. Consumo Sustentable: Aquel que al considerar el impacto ambiental, social y económico que generan las actividades productivas necesarias para generar un bien o servicio determinado, así como los efectos que el consumo de dicho bien o servicio puede producir al ambiente y a la salud humana para las presentes y futuras generaciones, busca minimizar los efectos negativos del consumo sobre el ambiente y la sociedad; XIII. Cultura Ambiental: El conjunto de conocimientos, hábitos y actitudes, que mueven a una sociedad a proteger el ambiente y a actuar en armonía con la naturaleza, transmitidos a través de generaciones o adquiridos por medio de la educación ambiental; XIV. Diversidad Biológica: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas; XV. Ecología: La ciencia que estudia las relaciones e interacciones existentes entre los seres vivos y el ambiente; XVII. Especie: La unidad básica de clasificación taxonómica, formada por un conjunto de individuos que presentan características morfológicas, etnológicas y fisiológicas similares, que son capaces de reproducirse entre sí y generar descendencia fértil, compartiendo requerimientos de hábitat semejantes;

12 12 XVII. Estado: El Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; XVIII. Hábitat Natural: Las zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas; XIX. Instrumentos Económicos: Los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generan sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente; Ambiente; XX. Ley General: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al XXI. Ley General de Residuos: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; XXII. Ley: La Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán de Ocampo; XXIII. Minimización: El conjunto de políticas, programas y medidas adoptadas por las personas físicas o morales, tendientes a evitar la generación de residuos y a aprovechar el valor de aquellos cuya generación no sea factible evitar; XXIV. Normas Oficiales Mexicanas: La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación; así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación; XXV. Normas Ambientales Estatales: La regulación técnica de observancia obligatoria en el Estado, expedida por la Secretaría, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento, que establece reglas,

13 13 especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación; XXVI. Ordenamiento Ecológico del Territorio: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias XXVII. Patrimonio Natural: Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico; las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico; los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural, de acuerdo con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972; XXVIII. Procuraduría: La Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo; XXIX. Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente o para otro distinto, sin que medie un proceso de transformación; XXX. Región Ecológica Prioritaria: La unidad territorial que por sus características o por los procesos naturales que contiene sea indispensable su conservación, restauración o protección; XXXI. Relleno Sanitario: La instalación en la cual se depositan de manera permanente los residuos sólidos urbanos, en sitios y en condiciones apropiados de acuerdo a la norma, para prevenir o reducir la liberación de contaminantes al

14 14 ambiente, procesos de combustión no controlada, la generación de malos olores, la proliferación de fauna nociva y demás problemas ambientales y sanitarios; XXXII. Remediación: El conjunto de medidas a las que se someten los suelos y sitios contaminados con residuos para eliminar o reducir los contaminantes, prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, y eliminar o reducir los cambios nocivos en las características físicas, químicas o biológicas de los suelos contaminados, a fin de prevenir o disminuir riesgos ambientales y favorecer el equilibrio ecológico; XXXIII. Residuos de Manejo Especial: Los residuos generados en los procesos productivos o industriales, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, pero que la Ley General considera que requieren de un tratamiento especial y son enlistados en el artículo 19 de la Ley General de Residuos, así como aquellos que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos; XXXIV. Riesgo Ambiental: La posibilidad inminente de daño ambiental; XXXV. Secretaría: La Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente; XXXVI. Servicios Ambientales: Los derivados directamente de elementos de la naturaleza, cuyos valores y beneficios pueden ser económicos, ambientales, sociales o culturales, propiciando así una mejor calidad de vida de los habitantes; XXXVII. Sistema: El Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales en el Estado; XXXVIII. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural; XXXIX. Sistemas de Gestión Ambiental: El conjunto de medidas y acciones de carácter administrativo, tendientes a incorporar criterios ambientales en los procesos y estilos de trabajo de las organizaciones públicas o privadas, con el objeto de minimizar el impacto negativo sobre el ambiente; XL. Tecnologías Limpias: Los procesos productivos, de manejo o transformación de recursos naturales o de manejo de residuos en general, que

15 15 minimizan o evitan impactos o riegos ambientales, previenen, controlan y abaten la contaminación, y propician el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; XLI. Tratamiento de Agua Residual: El proceso a que se someten las aguas residuales, con el objeto de disminuir o eliminar las características perjudiciales que se les hayan incorporado; XLII. Valorización: El principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica; XLIII. Vida Silvestre: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales; y, XLIV. Zonificación: El proceso de aplicación de diferentes objetivos de manejo y reglas distintas a sitios particulares o zonas de un área. Capítulo II De la Distribución de Competencias Artículo 5.- El Estado y los Ayuntamientos ejercerán sus atribuciones en materia de preservación, restauración y conservación del patrimonio natural y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias previstas en la Ley General, en ésta Ley y en otros ordenamientos aplicables. Artículo 6.- Son autoridades ambientales en el Estado: I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado; II. La Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente; III. La Procuraduría de Protección al Ambiente; y,

16 16 IV. Los ayuntamientos del Estado. Artículo 7.- Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes atribuciones: I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en el Estado y aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la presente Ley, a través de la Secretaría; II. Aprobar, a propuesta de la Secretaría, los programas que incidan en las siguientes materias; a) Protección del ambiente, preservación de los ecosistemas, y conservación de los recursos naturales, en el Estado; b) Conservación de la diversidad biológica y continuidad de los procesos evolutivos del Estado; y, c) Participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil del Estado; III. Promover el establecimiento de instrumentos económicos en materia ambiental, así como el otorgamiento de estímulos fiscales, crediticios o financieros, para incentivar las actividades relacionadas con la protección al ambiente, la prevención de la contaminación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; IV. Emitir los decretos que establezcan las declaratorias de las áreas naturales protegidas de competencia estatal; V. Establecer y publicar el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado, así como los regionales; VI. Aprobar y en su caso, emitir el Decreto que establezca el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos; VII. Aprobar y en su caso, emitir el Decreto que establezca el Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural;

17 17 VIII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el Gobierno Federal, en las materias reguladas por la presente Ley; IX. Suscribir con otros Estados o con los ayuntamientos, convenios o acuerdos de coordinación con el propósito de atender y resolver asuntos ambientales comunes, y ejercer sus atribuciones a través de las instancias que al efecto determinen, atendiendo a lo dispuesto en la presente Ley y otros ordenamientos aplicables en la materia; X. Suscribir convenios de concertación y colaboración con los sectores social y privado, para la realización de acciones conjuntas relativas a las materias que establece la presente Ley; y, XI. Las demás que le confieran otras disposiciones normativas aplicables. Artículo 8.- La Secretaría, en la materia de esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones: I. Formular y conducir la política ambiental del Estado, y aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la presente Ley; II. Formular y aplicar, en su caso, en coordinación con las dependencias o entidades competentes, los programas y los reglamentos a que se refiere esta Ley, propiciando a tal efecto la participación ciudadana; III. Elaborar y proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado el Programa Estatal Ambiental y del Patrimonio Natural, así como los programas sectoriales y regionales de su competencia y llevar a cabo su ejecución; IV. Elaborar y someter a consideración del Titular del Poder Ejecutivo, las declaratorias de áreas naturales protegidas de competencia estatal, así como administrarlas y vigilarlas una vez establecidas; V. Elaborar y someter a consideración del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el establecimiento de los ordenamientos ecológicos del territorio estatal y los regionales con la participación que corresponda a los ayuntamientos, así como

18 18 promover la formulación, expedición y ejecución de los ordenamientos territoriales locales y comunitarios; VI. Regular el aprovechamiento de los minerales y de las sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición y prevenir y controlar la contaminación generada por la realización de estas actividades; VII. Evaluar en materia de impacto ambiental los proyectos, obras, acciones y de servicios que se ejecuten o pretendan ejecutar en el Estado y emitir el resolutivo correspondiente, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento; VIII. Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas de competencia estatal, que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles; IX. Supervisar la adecuada preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que no estén bajo responsabilidad de otra dependencia o entidad; X. Aplicar a través de la Procuraduría, el procedimiento de inspección y vigilancia, las medidas correctivas, de seguridad y las sanciones administrativas que procedan por infracciones a la presente Ley y su Reglamento; XI. Regular en el territorio del Estado, las actividades riesgosas para el ambiente conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento; XII. Formular, conducir, vigilar y evaluar la política estatal y programas estatales de prevención y gestión integral de los residuos de su competencia, así como de prevención de la contaminación por residuos, fomento de la participación social y la remediación de los sitios contaminados, de conformidad con la política nacional; XIII. Verificar el cumplimiento de los instrumentos y disposiciones jurídicas referidas a la contaminación provocada por los residuos de manejo especial, e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;

19 19 XIV. Establecer el registro de planes de manejo y programas para la instalación de sistemas destinados a la recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final de residuos de competencia estatal; XV. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, los ayuntamientos y las autoridades correspondientes, la creación de infraestructura en el Estado para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos peligrosos, con la participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados; XVI. Promover programas en los municipios para la clasificación, separación, manejo, recolección y transporte de residuos sólidos urbanos; XVII. Definir las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias ambientales por la generación y manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; XVIII. Prevenir y controlar la contaminación generada por residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como su remediación y, en su caso, la recuperación o revalorización de los sitios remediados; XIX. Emitir opinión y brindar asistencia técnica y en su caso económica a los Municipios para la elaboración de Inventarios de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial; el diseño, construcción y operación de la infraestructura y los sitios destinados a su manejo; apoyar en la capacitación del personal municipal en esta materia, así como en la remediación de sitios contaminados con residuos; XX. Promover en los Municipios el establecimiento de sistemas de cobro diferenciado en los servicios que preste directamente o mediante concesión, en el transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos; XXI. Definir los criterios generales para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, la prevención de la contaminación y remediación de sitios contaminados con ellos, los mecanismos de fomento a la

20 20 participación social, así como aplicar los instrumentos de política en la materia previstos en la presente Ley, en los asuntos de su competencia; XXII. Promover la educación continua y capacitación de personas y grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de proporcionarles conocimientos para contribuir al cambio de hábitos de producción y consumo, tendientes a fomentar el consumo sustentable, así como al desarrollo de procesos en donde se evite o minimice la generación de residuos, se aproveche su valor y se otorgue a éstos un manejo integral; XXIII. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al ambiente y la transferencia de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes de la gestión integral de los residuos de su competencia; XXIV. Prevenir y controlar la contaminación generada por la emisión de ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al medio ambiente, provenientes de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como en su caso, de fuentes móviles de competencia estatal; XXV. Emitir y aplicar los lineamientos, criterios y normas ambientales estatales en las materias y actividades que causen o puedan causar daños al ambiente en el Estado, con la participación de los municipios y de la sociedad en general; XXVI. Atender, con base en los lineamientos que determine el Titular del Ejecutivo del Estado, los asuntos que afecten el ambiente de dos o más municipios; XXVII. Participar en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil en el Estado; XXVIII. Coadyuvar con la Federación y vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, con la participación que le corresponda a los ayuntamientos;

21 21 XXIX. Integrar y mantener actualizado, en el ámbito de su competencia, el Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes; XXX. Diseñar programas que promuevan la regulación y auditoría ambiental en industrias, comercios y establecimientos de servicio, en el ámbito de la competencia estatal y convenir con los productores y grupos empresariales, el establecimiento de procesos voluntarios de autorregulación y expedir, en su caso, certificados de bajas emisiones; XXXI. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, en su Reglamento y demás normativa aplicable; XXXII. Ejercer en el ámbito estatal las funciones que en materia de vida silvestre transfiera la Federación al Estado; XXXIII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado el establecimiento del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural; XXXIV. Promover la cultura ambiental; XXXV. Integrar y coordinar el Sistema Estatal de Información Ambiental y Recursos Naturales en los términos de esta Ley; XXXVI. Promover el uso de fuentes alternativas de energía sustentables, así como de sistemas y equipos para prevenir o reducir las emisiones contaminantes; XXXVII. Formular, evaluar y fomentar de forma coordinada con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, los instrumentos económicos que promuevan el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en el Estado; XXXVIII. Establecer los Sistemas de Gestión Ambiental mediante los cuales se definan los criterios ambientales a que deberán de sujetarse los programas, adquisiciones, obras y servicios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

22 22 XXXIX. Promover la caracterización de los hábitats naturales; XL. Definir los hábitats y las especies prioritarias para la conservación del Patrimonio Natural en el Estado; XLI. Promover y coordinar la investigación relacionada con los hábitats naturales y la preservación de las especies biológicas en el Estado; del Estado; XLII. Establecer y operar el sistema de información de los hábitats naturales XLIII. Evaluar proyectos relacionados con el potencial y la utilización de los recursos biológicos; XLIV. Promover la constitución de bancos y reservas de germoplasma, para el resguardo de las especies prioritarias para la conservación del Patrimonio Natural del Estado y administrarlos por sí o a partir de convenios de coordinación en los términos de esta Ley; XLV. Promover el cumplimiento de la normatividad ambiental ante las dependencias federales, estatales y municipales que corresponda, conforme a los respectivos ámbitos de aplicación de la legislación ambiental vigente; y, XLVI. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones legales aplicables le correspondan. Artículo 9.- La Procuraduría estará a cargo de un Procurador, que será designado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Artículo 10.- Para ser Procurador de Protección al Ambiente se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; II. Tener cuando menos treinta años de edad cumplidos el día de su nombramiento; y, III. Tener conocimiento y experiencia acreditable en materia ambiental, así como del marco normativo vigente en el Estado.

23 23 Artículo 11.- Durante el desempeño de su cargo, el Procurador y demás titulares de las unidades administrativas de la Procuraduría, estarán impedidos para desempeñar cualquier otro puesto público o privado, salvo los de carácter docente, honorífico y los de causa propia, que no interfieran con el desarrollo de sus funciones. Artículo La Procuraduría se integrará por las unidades administrativas que se establezcan en su Reglamento Interior. Artículo 13.- La Procuraduría de Protección al Ambiente es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto es realizar investigaciones sobre las denuncias de hechos, actos u omisiones que causen daño al ambiente o representen riesgos graves para el mismo, así como sancionar todas aquellas violaciones a la presente Ley. La Procuraduría tendrá su domicilio en la ciudad de Morelia, Michoacán y le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: I. Realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de esta Ley, su Reglamento, normas aplicables en materia ambiental, ordenamiento ecológico del territorio, declaratorias de áreas naturales protegidas, programas de manejo, y las condicionantes que en materia ambiental se impongan en los registros, documentos y autorizaciones que se emitan, y en general vigilar y sancionar en todas aquellas materias que regula esta Ley; II. Clausurar y suspender las obras o actividades y en su caso, solicitar la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de suelo cuando se violenten los criterios y disposiciones de la presente Ley y su Reglamento; III. Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección y vigilancia, así como cualquier resolución que sea necesaria, así como tramitar y resolver los recursos administrativos que le competen conforme a esta Ley; IV. Atender y resolver las denuncias ciudadanas, presentadas conforme a lo dispuesto por la presente Ley, en los asuntos de su competencia;

24 24 V.- Proponer el proyecto del Reglamento Interior, así como de los manuales de organización y de procedimientos de la Procuraduría; VI. Elaborar y proponer al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, los programas de trabajo a los que se sujetará el funcionamiento de la Procuraduría; VII. Proponer al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, el proyecto de presupuesto de la Procuraduría, atendiendo a las previsiones de ingreso y gasto público del Estado y remitirlo oportunamente a la Secretaria de Planeación y Desarrollo Estatal y demás autoridades competentes, para que ordene su incorporación al proyecto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente; VIII. Emitir las recomendaciones y resoluciones de índole administrativa y de interés social a las que se refiere esta Ley; IX. Previo procedimiento en el que se respeten a los particulares las garantías de legalidad y audiencia, imponer las sanciones correspondientes; X. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de ilícitos o delitos contra la ecología; XI. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y control necesarios para el desempeño de las funciones de la Procuraduría; XII. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en sus archivos sobre asuntos que competan a la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; XIII. Celebrar toda clase de actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; XIV. Formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto de daños y, en su caso, de la reparación de los mismos perjuicios ocasionados por violaciones o incumplimiento a las disposiciones jurídicas en materia ambiental;

25 25 XV. Las demás que se le asignen en los ordenamientos legales aplicables. Artículo 14.- Los ayuntamientos, en la materia de esta Ley, tendrán las siguientes atribuciones: I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal en congruencia con los criterios que, en su caso, hubiere formulado la Federación y el Gobierno del Estado; II. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en las disposiciones legales aplicables en la materia, y proteger al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas al Estado o a la Federación; III. Participar con el Estado en la elaboración y aplicación de las normas ambientales estatales, para regular las actividades riesgosas; IV. Atender y controlar emergencias ambientales en sus respectivas circunscripciones territoriales; V. Proponer la creación de las áreas naturales protegidas de competencia estatal y en su caso, administrarlas en convenio con el Gobierno del Estado, y crear y administrar las áreas naturales de competencia municipal previstas en la presente Ley; VI. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos comerciales o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal; VII. Verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de emisión máxima de contaminantes a la atmósfera, por parte de los giros menores y de las fuentes móviles, mediante el establecimiento y operación de sistemas de control de emisiones;

26 26 VIII. Establecer medidas para retirar de la circulación los vehículos automotores que rebasen los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes a la atmósfera; IX. Dictar las medidas de tránsito y vialidad para evitar que los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera, emitidos por los vehículos automotores, rebasen los límites máximos permisibles que determinen los reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables; X. Prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales, que tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos, y de las que se descarguen en los sistemas de drenaje, alcantarillado y saneamiento de sus centros de población; XI. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el ambiente, provenientes de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que sean consideradas de jurisdicción federal o estatal; XII. Establecer las medidas para hacer efectiva la prohibición de emisiones contaminantes, que rebasen los niveles máximos permisibles y resulten perjudiciales al ambiente, salvo en las zonas o en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal o estatal; XIII. Preservar y proteger el ambiente en sus centros de población, en relación a los efectos derivados de los servicios públicos a su cargo; XIV. Establecer las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para imponer las sanciones correspondientes que se deriven de la aplicación de esta Ley, o de los reglamentos o disposiciones municipales relativas a las materias de este ordenamiento; XV. Concertar acciones con el Gobierno del Estado, con otros municipios y con los sectores social y privado en la materia de la presente Ley, en el ámbito de su competencia;

27 27 XVI. Formular, aprobar y expedir el ordenamiento ecológico territorial local, así como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso del suelo, establecidos en dicho programa; XVII. Promover el aprovechamiento sustentable, la conservación, ahorro, reciclaje y reuso de las aguas que se destinen para la prestación de los servicios públicos a su cargo; XVIII. Establecer y ejecutar en forma continua y permanente, campañas o programas de difusión de la cultura ambiental, en el ámbito de su competencia; XIX. Sancionar, en el ámbito de su competencia, la realización de actividades ruidosas, así como las emisiones provenientes de aparatos de sonido, en establecimientos públicos o privados, o en unidades móviles, que rebasen los límites máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas y normas ambientales estatales; XX. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación en materia ambiental con otros municipios o con el Estado; XXI. Concertar con los sectores social y privado la realización de acciones en materia de protección al ambiente en el ámbito de su competencia; XXII. Proponer, establecer, ejecutar, evaluar y concertar con la Federación, el Gobierno del Estado y con otros municipios, los instrumentos económicos que permitan dar cumplimiento a la política ambiental municipal; XXIII. Definir, formular, ejecutar, vigilar y evaluar las políticas y programas municipales relativos a la prevención y gestión integral de los residuos sólidos, así como la prestación del servicio de limpia, y la prevención de la contaminación y remediación de suelos contaminados; XXIV. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos;