GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA


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1 DIP. PASCUAL SÍGALA PÁEZ PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO P R E S E N T E. Diputada Belinda Iturbide Díaz, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento el artículo 36 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, los artículos 8 fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Previo al año dos mil seis, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, no contemplaba numeral alguno referente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dada su inexistencia. La vida del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, surge como respuesta a las necesidades de la población michoacana de contar con un Tribunal 1

2 especializado en materia administrativa y fiscal, con autonomía y competencia, para garantizar una impartición de justicia en la materia, que antes orgánicamente en el Estado no existía. Siendo así, por reforma Constitucional, del Decreto número 44, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de mayo de dos mil seis, en su cuarta sección, se incluyó por primera vez en la historia del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, así como su integración por tres Magistrados. Sin embargo, fue hasta un año después de creado el Tribunal, que se publicó el Código de Justicia Administrativa del Estado y el inicio de las funciones del Tribunal de justicia Administrativa, la cual se dio en enero de dos mil ocho. Posteriormente, transcurridos varios años de la instauración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el Congreso de la Unión, emitió decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de mayo de dos mil quince, en la que dota al Tribunal Federal de Justicia Administrativa como órgano competente para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas calificadas como graves y a particulares, así como la expedición de una Ley General de Responsabilidades Administrativas. 2

3 Dicha reforma Constitucional mencionada, en el artículo 109 fracción IV, incluyó a los Tribunales de Justicia Administrativa, al prever: Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. Tal reforma, en su artículo cuarto transitorio, se impuso a las legislaturas de los Estados dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de dichas reformas, expedir las leyes y realizar las adecuaciones necesarias. En atacamiento a la reforma federal antes descrita, el Congreso de Michoacán de Ocampo, emitió decreto número 555, para reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, entre 3

4 ellos el numeral 95, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el trece de noviembre de dos mil quince. Dicho Decreto en su artículo segundo transitorio, en lo referente al artículo 95, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes generales a que se refiere el Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, publicado el 27 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, en tanto, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito estatal y municipal, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del citado Decreto. Por tanto, es necesario reajustar dicho dispositivo legal a las nuevas reformas propuestas por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre las observaciones del Ejecutivo Federal, aprobadas en lo general y en lo particular en sesión extraordinaria de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, decreto que dispone en su artículo segundo transitorio que las legislaturas de los Estados dentro del año siguiente deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, de conformidad a dicho decreto; tales reformas fueron promulgadas por el Ejecutivo Federal el dieciocho de julio de dos mil dieciséis y publicadas en esa misma fecha en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. 4

5 Entonces, atendiendo a dicho segundo artículo transitorio, es necesario realizar las adecuaciones, para poder realizar las modificaciones correspondientes, inicialmente a la Constitución del Estado, así también, al Código de Justicia Administrativa del Estado, y la expedición de una Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El texto actual del artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, señala: Artículo 95.- El Tribunal de Justicia Administrativa, será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Tendrá competencia para dirimir, resolviendo en forma definitiva, las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares. La ley determinará las atribuciones y procedimientos al tenor de la presente Constitución. Funcionará y se organizará según lo determine su Ley Orgánica, en colegio de tres Magistrados y sus sesiones serán públicas. Para ser Magistrado del Tribunal se deberán satisfacer los requisitos que señala esta Constitución para ser designado Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 5

6 El Poder Legislativo elegirá a los magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública. Los magistrados tendrán un periodo constitucional de cinco años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos hasta en dos ocasiones. Al término de su periodo cesarán en sus funciones. El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de los magistrados, podrá privarlos de su encargo, por las mismas causas que señala el artículo 77 de esta Constitución y determinará su retiro forzoso de conformidad con el artículo 78 de esta Constitución. Y, el texto reformado por decreto número 555, que al publicarse las Leyes Generales de fecha18 de julio de la presente anualidad, ya entra en vigor, el cual propone: Artículo 95.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Se integrará por cinco magistrados, de entre los cuales uno será su Presidente electo por sus pares, en los términos que disponga la ley. Tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares. 6

7 Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos; así como imponer sanciones a servidores públicos y particulares que incumplan gravemente en resoluciones del organismo garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se deberán satisfacer los mismos requisitos que señala esta Constitución para ser designado Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Poder Legislativo elegirá a los magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante convocatoria pública. Los magistrados tendrán un periodo constitucional de cinco años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos hasta en dos ocasiones. Al término de su periodo cesaran en sus funciones. El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de los magistrados, podrá privarlos de su encargo, por las mismas causas que señala el artículo 77 de esta Constitución y determinará su retiro forzoso de conformidad con el artículo 78 de esta Constitución. 7

8 Ahora, con motivo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa implementará, en su Ley Orgánica prevé de inicio, cinco salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, responsabilidad patrimonial del Estado y contratos de obra pública, y creará la tercera Sección de la Sala Superior como ente revisor mediante el recurso de apelación de las resoluciones emitidas por las salas especializadas, estableciéndose en la propia Ley Orgánica sus atribuciones y competencia. Es necesario por jerarquía normativa, que la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, prevea la nuevas figuras jurisdiccionales para los fines de las reformas, entre ellas, a Magistrados Especializados en materia de responsabilidades administrativas, responsabilidad patrimonial del Estado y contratos de obra pública, así como jueces administrativos. Lo anterior, es necesario para estar en condiciones de ajustar el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, la creación de la Ley Orgánica del Tribunal; con la finalidad de armonizarlas con las reformas federales en la materia. De tal forma, la reforma propuesta apunta a señalar desde la Constitución, la implementación de jueces y magistrados especializados, como parte de la estructura de impartición de justicia en materia administrativa, por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. 8

9 Finalmente, debe nuevamente asentarse la competencia para conocer de asuntos relacionados de la Auditoría Superior de Michoacán, como inicialmente se propuso en el Código de Justicia Administrativa del Estado, competencia que fue eliminada mediante decreto número 344 publicado el veintidós de septiembre de dos mil once; sin embargo subsistió la competencia en la redacción aun actual de los artículos 1 y 154 del referido código, por lo que siguiendo con los lineamientos de las actuales reformas federales en materia de combate a la corrupción, es necesario nuevamente fijar la competencia del Tribunal desde la Constitución del Estado, a fin de evitar la continua antinomia y la interpretación respecto a la competencia para conocer de los asuntos derivados de la Auditoría Superior de Michoacán. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar el siguiente Proyecto de: DECRETO ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue: Artículo 95.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, será órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Se 9

10 integrará por un número no menor de cinco magistrados superiores, de entre los cuales uno será presidente electo por sus pares, los cuales funcionaran en pleno; así mismo por tres magistrados especializados, que integraran la sala especializada. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, tendrá competencia para dirimir y resolver, las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, la Auditoría Superior de Michoacán, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares. El Tribunal conocerá también de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo, la Auditoría Superior de Michoacán y los órganos internos de control de los entes públicos estatales y municipales, para la imposición de sanciones en términos de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios. Así como fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal y Municipal o al patrimonio de los entes públicos Estatales y Municipales. Existirán Magistrados Especializados, con competencia en materias de responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares, responsabilidad patrimonial de estado e interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública. 10

11 La impartición de justicia administrativa en primera instancia, salvo los asuntos de competencia de los Magistrados Especializados, estará a cargo de jueces. La Ley Orgánica determinará el número de éstos, su residencia, su competencia, sus atribuciones y la manera de cubrir sus faltas absolutas o temporales. Los juzgados de primera instancia residirán en la cabecera de distrito o región que señale el Pleno. Los jueces de Primera Instancia, serán nombrados y adscritos por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los requisitos, procedimientos y criterios, establecidos en la Ley Orgánica. Quienes serán designados por cinco años y al término de los cuales podrán ser ratificados, previo dictamen de evaluación de su desempeño ético y profesional. La Ley Orgánica fijará el número de salas y distribuirá las competencias señalando las atribuciones que correspondan al Pleno, al Presidente y a las Salas, y, determinará la integración y regionalización de éstas en caso de ser necesaria. Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. Haber residido en Michoacán durante los cinco años anteriores al día de la designación; 11

12 III. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, al día de la designación; IV. Tener al día de la designación, título profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años, expedido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o por autoridad o institución legalmente facultada para ello; V. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito doloso; VI. No haber ocupado el cargo de titular de las dependencias básicas de la Administración Pública Centralizada o su equivalente, Procurador General de Justicia, o Diputado Local, durante el año previo al día de la designación. VII. Contar con al menos cinco años a la fecha de la designación, de ejercicio jurisdiccional en materia administrativa. El Poder Legislativo elegirá a los magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante convocatoria pública. Los magistrados tendrán un periodo constitucional de cinco años en el ejercicio del cargo los que podrán ser ratificados al término de cada periodo. El Congreso del Estado conocerá de las quejas en contra de los magistrados, podrá privarlos de su encargo, por las mismas causas que señala el artículo 77 de esta Constitución y determinará su retiro forzoso de conformidad con el artículo 78 de esta Constitución. 12

13 T R A NS I T O R I O S ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo a los 15 días del mes de septiembre de GRUPO PARLAMENTARIO DEL PASCUAL SÍGALA PÁEZ JUAN PABLO PUEBLA ARÉVALO ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ BELINDA ITURBIDE DÍAZ 13

14 JEOVANA MARIELA ALCÁNTAR BACA JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS JOSÉ JAIME HINOJOSA CAMPA JUAN BERNARDO CORONA MARTÍNEZ FRANCISCO CAMPOS RUÍZ MANUEL LÓPEZ MELENDEZ NALLELI JULIETA PEDRAZA HUERTA RAÚL PRIETO GÓMEZ 14