Dictamen del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán respecto del Procedimiento Administrativo No. IEM/P.A.15/10, promovido por el


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1 Órgano: Consejo General Documento: Dictamen del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán respecto del Procedimiento Administrativo No. IEM/P.A.15/10, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del Partido de la Revolución Democrática, Uriel López Paredes y quien resulte responsable, por violaciones a la normatividad electoral. Fecha: 15 de abril de 2011

2 DICTAMEN L L INSTITUTO ELECTORAL RESPECTO L PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO No. IEM/P.A.15/10, PROMOVIDO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA L PARTIDO LA REVOLUCIÓN MOCRÁTICA, URIEL LÓPEZ PARES Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. Morelia, Michoacán a 15 quince de abril del año 2011, dos mil once.. V I S T O S para resolver el procedimiento administrativo sancionador, registrado con el número IEM/P.A.15/10, integrado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido de la Revolución Democrática, Uriel López Paredes y quien resulte responsable, por violaciones a la normatividad electoral; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Con fecha 24 veinticuatro de Noviembre de 2010 dos mil diez, el representante del Partido Acción Nacional, presentó ante la Secretaria General del Instituto Electoral de Michoacán, queja en contra del Partido de la Revolución Democrática, Uriel López Paredes y quien resulte responsable, por violaciones a la normatividad electoral, la cual se trascribe a continuación: Everardo Rojas Soriano, en mi carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante ese órgano electoral, señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la calle Sargento Manuel de la Rosa número 100 de la colonia Chapultepec Sur, de esta ciudad capital, autorizando para que las reciban en mi nombre y representación a los CC. Víctor Enrique Arreola Villaseñor, Alberto Efraín García Corona, Juan José Tena García y Apolinar Mancera Rivas, con el debido respeto comparezco y solicito lo siguiente: Con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 41, 116 base IV y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 35 fracción XIV, 36, 49, 279, 280 y demás relativos y aplicables del Código Electoral del Estado; así como los artículos 8, 9 y 10 del Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de las Faltas Administrativas y Aplicación de las Sanciones Establecidas; se interpone para conocimiento de esa autoridad administrativa electoral queja en contra del C. Uriel López Paredes, el Partido de la Revolución Democrática y quien resulte responsable, por los siguientes hechos que se consideran violatorios de la normatividad electoral: 1. En fecha 8 de de febrero de 2010, el periódico La Jornada Michoacán del estado de Michoacán, publicó en su edición en internet con la dirección la siguiente nota periodística: Apoyará su aspiración a la gubernatura 2

3 Destapa Frente Democrático Cardenista a Uriel López VIRIDIANA LÓPEZ El Frente Democrático Cardenista destapó a Uriel López Paredes como aspirante a la gubernatura. En una reunión de esta corriente, los integrantes establecieron metas para impulsarlo como el candidato perredista al gobierno de Michoacán en Con el apoyo de los alcaldes de Aguililla, Adalberto Comparán; de Tarímbaro, Baltazar Gaona; de Puruándio, Armando Contreras, y de Zacapu, Antonio Ascencio, así como de los diputados Carlos Torres Manzo y Miriam Tinoco, ayer los miembros de esta corriente del PRD iniciaron el trabajo al interior del partido para llevar a Uriel López a la candidatura gubernamental. En la reunión, a la que también asistieron regidores de Uruapan, Zamora y otros 53 municipios donde tiene presencia la corriente, se comprometieron a realizar trabajo político rumbo al proceso electoral de 2011, cuyo fin no sólo es lograr la candidatura al Solio de Ocampo, sino también ganar municipios y curules para esta corriente. Y es que fue el regidor perredista por Zamora, Ricardo Olivos, quien junto a Carlos Torres Piña, propusieron que el líder del Frente fuera el candidato. Asimismo, manifestaron el rechazo a una posible alianza con el PAN o el PRI, pues a decir de Uriel López, coaliciones anteriores con Acción Nacional en los estados de Chihuahua y Yucatán no rindieron frutos para el sol azteca: el PRD está muy disminuido en Michoacán, pero no a las alianzas con el PRI ni con el PAN, manifestó. Sin embargo, el también diputado federal señaló que en casos como Oaxaca, donde gobierna el priísta Ulises Ruiz, podría justificarse. En el cónclave de la corriente, Uriel López también pidió a sus seguidores medir el agua a los camotes y no distraer la labor gubernamental, y se pronunció por fortalecer la actual administración de Leonel Godoy Rangel y de los municipios gobernados por el PRD; de lo contrario, se complicará mucho llegar nuevamente a la gubernatura del estado. 3

4 De lo anterior se advierte que el C. Uriel López Paredes se encuentra realizando actos anticipados de precampaña y de campaña, toda vez que de manera previa al inicio del proceso electoral local , se encuentra promoviendo su imagen y realizando manifestaciones públicas en relación a su intención de ocupar un cargo de elección popular, a través de el Frente Democrático Cardenista, corriente interna del Partido de la Revolución Democrática. NORMATIVIDAD ELECTORAL QUE SE ESTIMA INFRINGIDA La conducta del C. Uriel López Paredes es violatoria de los artículos 41 y 116 base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; los artículos 35, fracción XIV, XV, 36, 37 A al y 37 K, 49, 51, 153, del Código Electoral del Estado de Michoacán, ya que trasgrede los principios de legalidad y equidad que deben regir en todo proceso electoral. En efecto, como se advierte de las imágenes y documentales exhibidos en el presente documento, el Partido de la Revolución Democrática y el C. Uriel López Paredes se encuentran realizando Actos anticipados de precampaña y campaña, ya que el referido militante se ostenta como contendiente a ocupar el cargo de elección popular de Gobernador del Estado de Michoacán, y se presume que será postulado por dicho partido político, haciendo uso de las una corriente que realizó declaraciones con referencia a la fecha de la elección constitucional, con ello promociona su imagen y se posiciona ante la ciudadanía generando una desventaja en contra del resto de los contendientes, incluyendo el Partido Acción Nacional que me honro en representar. En efecto, el marco normativo aplicable en la especie es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. [ ] IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley. Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: [ ] j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; [ ] Código Electoral del Estado de Michoacán Artículo 35.- Los partidos políticos están obligados a: [ ] 4

5 XIV. Conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; Artículo 37-E.- Se entiende por precampaña el conjunto de actividades, que de manera previa al registro de candidatos, son llevadas a cabo por los precandidatos y por aquellos ciudadanos que simpatizan o apoyan su aspiración. Las precampañas se ajustarán a lo dispuesto por este Código y por los Estatutos y demás normas internas de los respectivos partidos políticos, que hayan sido oportunamente informadas al Consejo General. La precampaña concluirá el día que se celebre la elección interna. Artículo 37-F.- Son actos de precampaña los siguientes, cuando tienen por objeto promover a los precandidatos en su pretensión de obtener la nominación de partido político o coalición: a) Las asambleas, convenciones o reuniones de órganos partidistas; b) Los debates, foros, presentaciones o actos públicos; c) Las entrevistas en los medios de comunicación; d) Las visitas domiciliarias a quienes participen como electores en el proceso de selección; y, e) Las demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos con la finalidad de obtener el apoyo de quienes participen como electores en el proceso de selección. Artículo 37-G.- Se considera propaganda de precampaña electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante la precampaña, producen y difunden los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes con el propósito de promover su pretensión de ser nominados como candidatos a un cargo de elección popular. No se podrá contratar propaganda en radio y televisión para las precampañas. En los actos y propaganda de precampaña, se deberá precisar e identificar que se trata de un proceso de selección de candidatos y se dirigirá exclusivamente al cuerpo electoral que participará en la selección. Artículo 49.- Los partidos políticos gozarán de libertad para realizar propaganda a favor de sus candidatos, programas y plataformas, la que deberán respetar mutuamente. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados para la obtención del voto. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía su oferta política. La propaganda electoral que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá tener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general toda actividad en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirijan al electorado para promover sus candidaturas. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos o coaliciones en sus documentos básicos y particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. Queda prohibido que a través de la propaganda electoral y actos de campaña se utilice la descalificación personal y se invada la intimidad de las personas. 5

6 Queda prohibida la difusión de obra pública y acciones de gobierno salvo las de seguridad o emergencia de los diferentes niveles de gobierno desdel inicio de la campaña electoral y hasta pasada la jornada electoral. Durante los treinta días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales se abstendrán de establecer y operar programas extraordinarios de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento relativo a programas asistenciales, de promoción o de desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a epidemias, desastres naturales, siniestros u otros eventos de naturaleza análoga. Ningún ciudadano por sí, por terceros, por organizaciones de cualquier tipo o por partidos políticos, podrá realizar actividades de las previstas en los párrafos tercero y cuarto de este artículo para promocionar su imagen o nombre con la finalidad de participar en un proceso de selección de candidato u obtener una candidatura, desde seis meses antes de que inicie el proceso electoral. Los servidores públicos que pretendan postularse a un puesto de elección popular, no deberán vincular su cargo, imagen y/o su nombre con las campañas publicitarias que se realicen con cargo al erario público, desde los seis meses anteriores al inicio del proceso electoral. De la interpretación armónica, sistemática y funcional de los preceptos antes citados, se puede concluir que los aspirantes a precandidatos no tendrán la posibilidad de realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas. Los actos de proselitismo o difusión de propaganda anticipados a la precampaña tienen una naturaleza similar a la de los actos de precampaña, como lo sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-22/2009, aplicable en conducente a la especie, ya que en dicha sentencia se marco como diferencia sustancial, únicamente, que los prohibidos se emiten fuera del periodo legal de precampañas. Dadas las características particulares del presente asunto, es necesario hacer notar al Consejo General Electoral, las características principales que tienen este tipo de infracciones y que inciden en la exigencia de las condiciones que se requieren para su actualización. En cuanto a la precampaña tenemos lo siguiente. El artículo 37-E del Código Electoral del Estado de Michoacán, establece que se entiende por precampaña electoral el conjunto de actividades, que de manera previa al registro de candidatos, son llevadas a cabo por los precandidatos y por aquellos ciudadanos que simpatizan o apoyan su aspiración. Estos actos de precampaña, según el artículo 37-F, del citado código comicial son las asambleas, convenciones o reuniones de órganos partidistas; los debates, foros, presentaciones o actos públicos; las entrevistas en los medios de comunicación; las visitas domiciliarias a quienes participen como electores en el proceso de selección; y, las demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos con la finalidad de obtener el apoyo de quienes participen como electores en el proceso de selección y promover a los precandidatos en su pretensión de obtener la nominación de partido político o coalición. En el artículo 37-G se precisa que, por propaganda de precampaña electoral se entiendel conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante la precampaña, producen y difunden los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes con el propósito de promover su pretensión de ser nominados como candidatos a un cargo de elección popular. De lo anterior se advierte que la precampaña se realiza: 1. En la etapa prevista por el Código y la convocatoria partidistas correspondiente. 6

7 2. Por los precandidatos, militantes, partidos o cualquier persona, a favor o en contra de un precandidato o partido político. 3. Mediante a) actos consistentes en reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, tienen el objetivo de obtener el respaldo para postular a un candidato a un cargo de elección popular, y b) propaganda realizada mediante escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. Ahora bien, el Código no regula expresamente cuáles son los actos o propaganda anticipados de precampaña. Sin embargo, de diversas interpretaciones que ha realizado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, que pueden servir de apoyo en el caso que nos ocupa, se ha establecido establece lo siguiente: Los actos anticipados de precampaña son el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas. A lo anterior, se suman otros matices inherentes a su naturaleza, como que los actos anticipados de precampaña: 1. Se realizan en forma previa a la etapa de precampaña prevista por el Código y la convocatoria partidista correspondiente. 2. Por los aspirantes, militantes, partidos o cualquier persona, a favor o en contra de un precandidato o partido político. 3. Mediante: a) Actos o propaganda que tiene como objetivo obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas. En suma: los actos de precampaña y los actos anticipados de campaña gozan de cierta identidad, pero presentan algunas diferencias por el momento en que se presentan y la calidad del sujeto que los puede realizar, y en alguna medida, porque para su actualización es suficiente realizarlos con el sólo objetivo de obtener el respaldo para una postulación como candidato a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas, sin que sea necesaria la difusión de una propuesta o plataforma política. Esa condición o definición jurídica, tomada de los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se deduce de la naturaleza propia de los actos anticipados de campaña, en el plano fáctico puede actualizarse de diversas maneras. Por ejemplo, como ocurre en la especie, cuando se difundel nombre o la imagen de una persona para buscar posicionarlo entre la militancia del partido o de la ciudadanía en general, y se advierte objetiva o expresamente la intención de posicionarse políticamente para obtener el respaldo para una postulación. Asimismo, esto puede ocurrir cuando la solicitud de voto es implícita, pues el elemento subjetivo específico admite la posibilidad de actualizarse a través de conductas veladas o que encubren la intención del infractor. Sin embargo, otro supuesto, puede presentarse cuando existe difusión del nombre o la imagen de una persona, sin que en esa propaganda aparezcan más datos, pero esto se vincule, en forma objetivamente verificable, con otros medios que sí 7

8 constituyen actos anticipados de campaña, por medio de una imagen, logotipo, slogan, referencia auditiva u otro medio, de manera que, la presencia o difusión de imagen ya no debe ser valorada sólo de forma individual, sino adminiculada con otros actos de anticipados precampaña y, por tanto, también deba calificarse objetivamente como un medio más para obtener el respaldo para una postulación como candidato a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas, de modo que con todo lo anterior, la difusión de imagen también constituya un acto anticipado de precampaña. En esa tesitura, para considerar que determinados actos son anticipados de precampaña basta con acreditar que tuvieron por finalidad obtener el respaldo para una postulación como candidato a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas, como en la especie acontece y se advierte de los medios probatorios ofrecidos la veracidad de los hechos. De igual manera, cabe resaltar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en las ejecutorias de los recursos de apelación identificados con los números SUP-RAP-64/2007 y SUP-RAP-67/2007, que los actos anticipados de campaña se actualizan siempre que exista el objetivo fundamental de presentar la plataforma electoral y la promoción del candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral. Destacando que la exigencia en cuestión, está dada para los actos anticipados de campaña y no para los anticipados de precampaña porque ambos son los cuestionados en este asunto. Además, el criterio válido para definir los actos anticipados de precampaña, actualmente, está dado por la interpretación supracitada, y por tanto, como derecho vigente debe atenderse al mismo. Asimismo, son aplicables en lo conducente las siguientes tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: PROPAGANDA ELECTORAL. COMPREN LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN PROMOVER UNA CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANÍA. En términos del artículo 182, párrafos 3 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial; cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de presentar una candidatura ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que identifican a un candidato con un determinado partido político o coalición, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial, puesto que, lo trascendente, es que con ello se promociona una candidatura. Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007. Actor: Partido de la Revolución Democrática. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. 12 de marzo de Unanimidad de seis votos. Ponente: Constancio Carrasco Daza. Secretarios: Fidel Quiñones Rodríguez y Daniel Juan García Hernández. La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. ACTOS ANTICIPADOS CAMPAÑA. SE ENCUENTRAN PROHIBIDOS IMPLÍCITAMENTE (Legislación del estado de Jalisco y similares). Aun cuando la 8

9 Ley Electoral del Estado de Jalisco no regula expresamente los actos anticipados de campaña, esto es, aquellos que, en su caso, realicen los ciudadanos que fueron seleccionados en el interior de los partidos políticos para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, durante el tiempo que media entre su designación por los institutos políticos y el registro formal de su candidatura ante la autoridad administrativa electoral, ello no implica que éstos puedan realizarse, ya que el legislador estableció la prohibición legal de llevar a cabo actos de campaña fuera de la temporalidad prevista en el artículo 65, fracción VI, de la invocada ley local electoral, por lo que no es válido que los ciudadanos que fueron seleccionados por los partidos políticos como candidatos tengan la libertad de realizar propaganda electoral antes de los plazos establecidos legalmente. En el citado artículo 65, fracción VI, se establece que son prerrogativas de los partidos políticos iniciar las campañas electorales de sus candidatos, fórmulas o planillas, a partir del día siguiente en que se haya declarado válido el registro para la elección respectiva y concluirlas tres días antes del día de la elección. Esta disposición legal implica, entre otros aspectos, que los partidos políticos no tienen el derecho de iniciar las campañas electorales de sus candidatos, fórmulas o planillas al margen del plazo establecido por el propio ordenamiento, de lo que deriva la prohibición de realizar actos anticipados de campaña, en razón de que el valor jurídicamente tutelado por la disposición legal invocada es el acceso a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad, y el hecho de que se realicen actos anticipados de campaña provoca desigualdad en la contienda por un mismo cargo de elección popular, ya que si un partido político inicia antes del plazo legalmente señalado la difusión de sus candidatos, tiene la oportunidad de influir por mayor tiempo en el ánimo y decisión de los ciudadanos electores, en detrimento de los demás candidatos, lo que no sucedería si todos los partidos políticos inician sus campañas electorales en la misma fecha legalmente prevista. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-542/2003 y acumulado. Partido Revolucionario Institucional. 30 de diciembre de Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Gabriel Mendoza Elvira. Sala Superior, tesis S3EL 016/2004 Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes , páginas En este orden de ideas se concluye que es procedente iniciar el procedimiento administrativo sancionador electoral en contra del C. Uriel López Paredes, el Partido de la Revolución Democrática y quien resulte responsable, por los hechos que se consideran violatorios de la normatividad electoral. A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: PRUEBAS: DOCUMENTAL.- Consistente en impresiones del contenido de la página de internet del periódico La Jornada de Michoacán con la dirección que se encuentran en el presente escrito en el apartado de hechos. Solicitando en este acto a esta autoridad administrativa electoral que en ejercicio de su facultad investigadora lleve a cabo las diligencias necesarias para corroborar el contenido de dicha página de internet. INSTRUMENTAL ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente formado con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en lo que favorezcan al interés de mi partido. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la presente. Atento a lo anterior, del escrito de queja presentado por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional en contra del Ciudadano Uriel López 9

10 Paredes, el Partido de la Revolución Democrática y quien resulte responsable, se desprendió que no se proporcionó el domicilio del denunciado Uriel López Paredes para que se llevara el emplazamiento correspondiente; razón por la que recayó acuerdo de fecha 29 veintinueve de Noviembre de 2010 dos mil diez, mediante el cual, se ordenó se requiriera mediante notificación personal al quejoso para que en un plazo de 03 tres días contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva, aportara el domicilio en mención; notificación que se llevó a cabo en esa misma fecha. Posteriormente con fecha 30 treinta de Noviembre de 2010 dos mil diez, el representante suplente del Partido Acción Nacional, acudió a este Órgano Electoral a dar cumplimiento con el requerimiento que le fuere realizado, por lo que ante el escrito presentado, se dicto acuerdo de fecha 01 primero de Diciembre de 2010 dos mil diez, en el sentido de que carece de la información que le fue requerida, y en virtud que esta Autoridad Administrativa Electoral se encontraba obligada a realizar las gestiones necesarias para obtener el domicilio de la persona denunciada, giró oficio a la Presidencia de este Órgano Electoral a efecto de que por su conducto se solicitará al Vocal del Registro de Electores de la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en Michoacán, informara a esta Autoridad Administrativa Electoral, el domicilio del Ciudadano Uriel López Paredes; autoridad que mediante oficio VRFE/5666/10 de fecha 10 Diez de Diciembre del año próximo anterior, contestó señalando que no era posible obsequiar la petición. SEGUNDO.- Con fecha 30 treinta de Noviembre de 2010 dos mil diez, el Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de impedir que se perdieran, destruyeran o alteraran los vestigios de los hechos denunciados, certificó la existencia y contenido de la página de Internet de La Jornada Michoacán e=003n3pol.m, misma que fue glosada en autos para los efectos legales correspondientes. TERCERO.- Con fecha 13 trece de Diciembre de 2010 dos mil diez, el Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán dictó acuerdo mediante el cual se admitió en trámite la queja presentada por el quejoso, así como las pruebas aportadas, y se le tuvo por señalando domicilio para recibir notificaciones; de igual 10

11 forma, en el mismo acuerdo se ordenó verificar y certificar el contenido correspondiente de la página de Internet icle=003n3pol, ofrecida en el escrito de queja para glosar en autos y en consecuencia girar oficio al responsable de la misma para que informara si el contenido de la página de referencia corresponde a una nota periodística de carácter informativa elaborada profesionalmente, o si por el contrario, corresponde a una nota publicitaria pagada y, de ser el caso, informara quién ordenó su publicación, remitiendo copia de la factura correspondiente; así mismo se ordenó emplazar al Partido de la Revolución Democrática y para efecto de llevar a cabo el emplazamiento del Ciudadano Uriel López Paredes, se ordenó requerir al Partido de la Revolución Democrática, para que en el término de 03 tres días hábiles a partir de aquel en que se le notificara, informara a esta Autoridad el domicilio del ciudadano Uriel López Paredes a efecto de correr traslado con las copias certificadas de la queja. Por último, ordenó iniciar la investigación correspondiente sobre los hechos denunciados, decretando para ello el plazo de 40 cuarenta días hábiles. En tal virtud, el día 16 dieciséis de Diciembre de 2010 dos mil diez, se llevó a cabo el emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática, concediéndole el plazo de 05 cinco días para que contestara por escrito lo que a sus intereses conviniera, así como para que aportara las pruebas que considerara pertinentes; de igual forma, el término de 03 tres días, a efecto de que, en cumplimiento al auto de admisión de fecha 13 trece de Diciembre de 2010 dos mil diez, proporcionara el domicilio del denunciado Uriel López Paredes, con el objeto de llevar a cabo el emplazamiento correspondiente. Por lo que con fecha 04 cuatro de Enero del presente año, acudió el representante del partido de la Revolución Democrática a dar cumplimiento con el requerimiento que le fuera realizado; dictándose proveído de fecha 05 cinco de Enero de la presente anualidad, en el cual se tuvo al Partido de la Revolución Democrática por contestando en tiempo y forma el requerimiento realizado; virtud por la cual con esa misma fecha se realizó el emplazamiento al Ciudadano de referencia, concediéndosele el término de 05 cinco días hábiles para que contestara por escrito lo que a sus intereses conviniera y aportara las pruebas que considerara pertinentes. 11

12 CUARTO.- Con fecha 06 seis de Enero de la presente anualidad, el Representante del Partido de la Revolución Democrática, presento escrito de contestación de queja instaurada en su contra; por lo que el Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, dictó proveído de fecha 07 siete de Enero del presente año, en el que tuvo al Partido de la Revolución Democrática dando contestación en tiempo y forma, a la queja interpuesta en su contra por el Partido Acción Nacional, misma que realizó en los siguientes términos: CAUSAS IMPROCENCIA En virtud de que el estudio de las causales de improcedencia son de interés público y de naturaleza preferente sobre el estudio de fondo de las cuestiones planteadas por el impugnante, en el presente asunto se hacen valer las siguientes: En el presente caso resultan aplicables la causa de improcedencia prevista en el artículo 15 inciso e), previsto en el Reglamento para la tramitación y sustanciación de las faltas administrativas y aplicación de las sanciones establecidas del Instituto Electoral de Michoacán, en donde se establece lo siguiente: Artículo 15. La queja o denuncia será desechada de plano por notoria improcedencia cuando: e) Resulte frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales, pueriles o ligeros. Es improcedente la presente queja, en virtud, de que tal y como se desprende de la misma, el Partido Acción Nacional, no acredita fehacientemente que los hechos que se denuncian son violatorios de las norma electoral, ya que solo se trata de supuestos tal y como se advierte en las pruebas que el quejoso adjunta, y que no demuestran las violaciones que presuntamente se ocasionan a la norma en materia, si no al contrario resulta evidente que existe frivolidad en la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional a través de su representante ante el Instituto Electoral en el Estado. Ahora bien, respecto a los hechos señalados por el quejoso, mi representado no violenta de ninguna forma, esto en virtud de que el período en el que se puede dar el caso de un acto anticipado de precampaña y campaña es a partir de la fecha en que haya sido electo el candidato por el partido político en el que milita, dentro del proceso de selección interna y del proceso electoral, hasta un día antes del inicio formal de la campaña para la candidatura a la Gubernatura, y condicionado a que el candidato haya obtenido su registro como tal por parte del partido político o la coalición, ante la autoridad electoral. Por lo que esta autoridad, en atención a la valoración de las pruebas, atendiendo los principios de la lógica, sana critica y experiencia, en relación a las pruebas remitidas por el Partido Acción Nacional, es claro que de estas no se desprende acreditación de los hechos presuntamente violatorios de la ley electoral cometidos y atribuibles al partido que represento, según el dicho del partido quejoso. Así mismo es importante señalar el derecho consagrado en los artículos 6º y 9º de la Constitución, relativos a las garantías de libre expresión, reunión y asociación, dentro del marco de los derechos político electorales y electorales consagrados en el artículo 41 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y que a su ves han sido señalados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 18, 19, y 20, así como en la Carta Democrática Interamericana, que establece en su artículo 7º que La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las 12

13 libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas Constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. Por lo que es importante destacar que cualquier ciudadano puede manifestar sus ideas de manera libre y sin ser coaccionados, así como reunirse y asociarse libremente con el grupo de ciudadanos que considere conveniente, sin que exista de por medio inquisición alguna al respecto, siempre y cuando no transgredan los derechos colectivos y el bien común en general. Sirve a manera de fundamento legal los siguientes criterios jurisprudenciales que a continuación me sirvo transcribir: HONRA Y REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL SARROLLO UNA CONTIENDA ELECTORAL SE JUSTIFICA POR TRATARSE RECHOS FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL EJERCICIO LA LIBERTAD EXPRESIÓN. De lo dispuesto por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los numerales 19, párrafo 3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estos últimos integrados al orden jurídico nacional en términos de lo previsto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional, el respeto a los derechos de tercero o a la reputación de los demás se reconocen dentro del ejercicio de la libertad de expresión, correspondiendo al Estado su protección contra injerencias arbitrarias o abusivas en los ámbitos de vida privada, familia, domicilio o correspondencia. La honra y dignidad, son valores universales construidos con base en la opinión, percepción o buena fama que se tiene de los individuos, de ahí que, a partir del menoscabo o degradación de los atributos de la personalidad es factible ilustrar sobre la vulneración de los derechos fundamentales precitados. En ese orden, en el marco del debate político, las expresiones o manifestaciones de cualquier tipo que hagan quienes intervienen en la contienda electoral, con el fin primordial de denigrar o degradar el nombre, estado civil, nacionalidad o la capacidad de sus oponentes, implica vulneración de derechos de tercero o reputación de los demás, por apartarse de los principios rectores que ha reconocido el Constituyente y los Pactos Internacionales signados por el Estado Mexicano. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-267/2007. Actor: Partido Acción Nacional. Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas. 17 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Enrique Martell Chávez. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-288/2007. Actor: Partido Acción Nacional. Autoridad responsable: Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas. 23 de octubre de Unanimidad de seis votos. Ponente: Constancio Carrasco Daza. Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-271/2007. Actora: Coalición "Alianza para que Vivas Mejor". Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California. 30 de octubre de Unanimidad de seis votos. Ponente: Flavio Galván Rivera. Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de noviembre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. LIBERTAD EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO L BATE POLÍTICO. El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto 13

14 Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-288/2007. Actor: Partido Acción Nacional. Autoridad responsable: Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas. 23 de octubre de Unanimidad de seis votos. Ponente: Constancio Carrasco Daza. Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-367/2007. Actor: Partido Acción Nacional. Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas. 7 de noviembre de Unanimidad de votos. Ponente: Constancio Carrasco Daza. Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. Recurso de apelación. SUP-RAP-118/2008 y acumulado. Actores: Partidos de la Revolución Democrática y otro. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. 20 de agosto de Unanimidad de votos. Ponente: Manuel González Oropeza. Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y David Cienfuegos Salgado. La Sala Superior en sesión pública celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. En relación a la normatividad electoral que se estima es infringida, es importante señalar que como las pruebas que el quejoso aporta dentro del escrito de queja no son prueba plena que acredite su dicho, es evidente que tanto el partido que represento como el C. Uriel López Paredes, no se encuentran transgrediendo la normatividad electoral, ya que el militante señalado como transgresor de la norma electoral nunca señala abiertamente ser aspirante a candidato del Partido de la Revolución Democrática para la Gubernatura en el Estado, así como lo pretenden hacer ver en la queja motivo de estudio. No obstante a lo anterior me permito dar contestación a la improcedente queja lo cual realizo ad cautelam en los siguientes términos: CONSIRACIONES A LOS HECHOS: Respecto del numeral señalado como PRIMERO.- del capítulo de hechos, el mismo ni lo afirmo ni lo niego, en virtud de que se trata de una nota periodística, con responsabilidad de quien la hace y la publica en este caso de un periodista, y que por tratarse precisamente de una nota periodística considero que no se deberá de tomar como prueba plena y probatoria en virtud de que su veracidad se pone en duda por ser un hecho ajeno a mi representado, así mismo es importante señalar que la nota no 14

15 precisa que el C. Uriel López Paredes, sea o pretenda ser el candidato por parte del Partido que represento para las próximas elecciones de Gobernador en el Estado. Si bien es cierto que la nota precisa que el C. Uriel López se reunió con integrantes de una corriente interna del Partido de la Revolución Democrática, denominada Frente Democrático Cardenista, en el caso de tratarse de un hecho verídico, el acto que realizo se hizo haciendo uso pleno de sus derecho de libre asociación y reunión, así como de libre expresión que consagra nuestra Constitución Federal, tal y como se demuestra con la misma nota la cual deja ver claramente que no se trata de actos anticipados de precampaña y de campaña ya que no cuenta con los elementos suficientes como para considerarse como tal. Es evidente que el quejoso pretende desvirtuar la información vertida en la nota periodística, ya que nunca se menciona literalmente que el demandado será el próximo candidato a la Gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática, sin embargo el quejoso así pretende hacerlo ver, por lo que de la misma manera resulta evidente que no se trata de una promoción de su persona con la finalidad de dejar en desventaja a los partidos que pretenden participar en las próximas elecciones en el Estado. En relación a la normatividad que se estima infringida, es evidente que al no probar su dicho el partido demandante, la parte demandada queda esgrimida de cualquier imputación respecto a la violación de la normatividad electoral señalada ya que no se trata de actos anticipados de precampaña y de campaña, como es evidente en la nota, solo se trata de un derecho que como ciudadanos ejercieron este grupo de personas al reunirse libremente, como integrantes de una corriente interna de un partido político, en la que nunca se señalo ni se solicito el voto directo para una persona en particular. Es evidente que no existe una difusión de imagen ya que la nota periodística en caso de tratarse de un acto verídico, según las pruebas que presenta el mismo quejoso solo fue publicada en un medio de comunicación, tal y como se prueba con la queja, en la que solo se adjunta una sola nota y de un solo periódico, por lo que es importante aclarar que no causa ningún efecto de desventaja entre los demás partidos, y más aun tratándose de una nota con el contenido de esta que se señala como prueba, en la que el contenido no prueba la razón de su dicho del quejoso. Respecto a la normatividad electoral que se señala y que se presume que mi representado infringe, considero que no son aplicables en virtud de que mi representado no se encuentra violentando la normatividad, en tal caso el solo esta haciendo uso del derecho que le confiere la ley respecto a su libertad de expresión y asociación. Por lo que hace al capítulo a que se refiere como de preceptos constitucionales y legales violados, manifiesto lo siguiente: Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37-E, 7-F, 37-G, 37-H y 49 del Código Electoral vigente en el Estado de Michoacán, los actos anticipados de precampaña y campaña electoral están expresamente prohibidos, también es verdad indiscutible que los hechos y/o actos denunciados por el representante del Partido Acción Nacional, cuya realización atribuye al C. Uriel López Paredes, de ninguna manera constituyen actos anticipados de propaganda electoral, precampaña y/o campaña. No se configura la violación legal de que se queja el representante del Partido Acción Nacional, porque no se colman los requisitos legalmente previstos para estimar dichos actos como anticipados de precampaña (y/o campaña). El artículo 49 del Código Electoral del Estado en su penúltimo párrafo establece: Ningún ciudadano por sí, por terceros, por organizaciones de cualquier tipo o por partidos políticos, podrá realizar actividades de las previstas en los párrafos tercero y cuarto de este artículo para promocionar su imagen o nombre con la finalidad de participar en un proceso de selección de candidato u obtener una candidatura, desde seis meses antes de que inicie el proceso electoral. 15

16 El numeral Artículo 37-F establece: Son actos de precampaña los siguientes, cuando tienen por objeto promover a los precandidatos en su pretensión de obtener la nominación de partido político o coalición: a) Las asambleas, convenciones o reuniones de órganos partidistas; b) Los debates, foros, presentaciones o actos públicos; c) Las entrevistas en los medios de comunicación; d) Las visitas domiciliarias a quienes participen como electores en el proceso de selección; y, e) Las demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos con la finalidad de obtener el apoyo de quienes participen como electores en el proceso de selección. Y el artículo 37-G del invocado cuerpo de leyes establece: Se considera propaganda de precampaña electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante la precampaña, producen y difunden los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes con el propósito de promover su pretensión de ser nominados como candidatos a un cargo de elección popular. De las transcritas disposiciones legales se concluye que la violación a la normatividad electoral, por actos anticipados de propaganda electoral, de precampaña y/o campaña electoral se actualiza cuando dichos actos tienen como objetivo el obtener el respaldo de los afiliados, simpatizantes o electorado en general, para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular antes de la fecha de inicio de precampañas. Lo antes argumentado tiene además sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las ejecutorias emitidas dentro de los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano números SUP-JDC-1166/2010 y SUP-JDC-1239/2010. De lo expuesto, se advierte que en el presente caso no se desprende la actualización de elementos suficientes para tener por acreditado el requisito previsto en los citados artículos 37-G y 49, párrafo penúltimo, de la Ley Electoral del Estado de Michoacán, consistente en tener como objetivo el obtener el respaldo de los afiliados, simpatizantes o electorado en general, para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular antes de la fecha de inicio de precampañas. Es importante señalar que respecto a las reglas de campañas electorales, dentro del Reglamento de Fiscalización, se considera que se dirigen a la obtención del voto, la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos, los anuncios espectaculares en la vía publica y la propaganda en las salas de cine y paginas de internet transmitidos, publicados o colocados durante las campañas electorales, independientemente de la fecha de contratación y de pago, que presenten características especiales como lo son: 1.- La palabra clave voto, sufragio o sufragar, elección o elegir o algún sinónimo ya sea de manera verbal o por escrito; 2.- La aparición de imagen de alguno de los candidatos del partido, o la utilización de su voz o de su nombre, apellidos apelativo o sobrenombre, sea verbalmente o por escrito; 3.- La invitación a participar en actos organizados por el partido o por los candidatos por él postulados; 4.- La mención de la fecha de la jornada electoral, sea verbal o por escrito; 5.- La difusión de la plataforma electoral del partido, o de su posición ante los temas de interés nacional; 6.- Cualquier referencia verbal o escrita, o producida a través de imágenes o sonidos, a cualquier gobierno, sea emanado de las filas del mismo partido, o de otro partido distinto; 7.- La defensa de cualquier política pública que a juicio del partido haya producido; 8.- produzca o vaya a producir efectos beneficios para la ciudadanía; 9.- La crítica a cualquier política pública que a juicio del partido haya causado efectos negativos de cualquier clase; 10.- La presentación de la imagen del líder o líderes del partido; la aparición de su emblema; ola mención de sus slogans, frases de campaña o de cualquier lema con el que se identifique al partido o a cualquiera de sus candidatos. 16

17 Sirve para justificar el dicho anteriormente señalado el siguiente criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: PROPAGANDA ELECTORAL. COMPREN LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA. En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial. Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007. Actor: Partido de la Revolución Democrática. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. 12 de marzo de Unanimidad de seis votos. Ponente: Constancio Carrasco Daza. Secretarios: Fidel Quiñones Rodríguez y Daniel Juan García Hernández. Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009. Actor: Partido de la Revolución Democrática. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. 26 de agosto de Mayoría de cuatro votos. Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa. Disidentes: Constancio Carrasco Daza, José Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos López. Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Roberto Jiménez Reyes. Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009 y acumulados. Actores: Partido Verde Ecologista de México y otros. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. 26 de agosto de Unanimidad de votos. Ponente: Constancio Carrasco Daza. Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. Nota: En la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-115/2007 se interpretaron los párrafos 3 y 4 del artículo 182, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ya abrogado, cuyo contenido corresponde a los párrafos 3 y 4, del artículo 228, del código vigente. La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. En principio debe destacarse que la quejosa no ofrece pruebas idóneas para sustentar su dicho, por lo que, las afirmaciones del quejoso resultan temerarias y subjetivas, toda vez que les está otorgando una interpretación personal fuera de toda lógica y objetividad. Por lo que es evidente que el quejoso trato de desvirtuado los hechos y derecho manifestado, por lo que solicito al Consejo General de este Instituto Electoral de Michoacán declaren INFUNDADA la queja instaurada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido de la Revolución Democrática, Uriel López Paredes y quien resulte responsable, por así ser procedente en derecho. 17

18 OBJECIÓN A LAS PRUEBAS Se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende darles, en contra del Partido de la Revolución Democrática, en razón de que las mismas no resultan ser los medios de prueba idóneos para probar lo dicho por el inconforme. Por los argumentos anteriormente vertidos, los cuales niegan totalmente la conducta imputada en forma injusta e infundada expresada en la queja que hoy se contesta, esta representación ofrece a este consejo General las siguientes: PRUEBAS 1.- INSTRUMENTAL ACTUACIONES.- Consistente en el análisis de las constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del presente recurso, en todo lo que beneficie al Partido de la Revolución Democrática. 2.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que esta autoridad pueda razonar y valorar de las constancias que obren en el expediente, en lo que beneficie a los intereses de mi representado. QUINTO.- De la misma manera acudió el C. Uriel López Paredes el día 12 doce de Enero del presente año a exhibir la contestación a la queja instruida en su contra; con fecha 13 trece de Enero del año que corre, el Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, dicto proveído en el cual tuvo al C. Uriel López Paredes, por contestando el emplazamiento dentro del término legal para ello, misma que realizó en los siguientes términos: Que vengo mediante el presente escrito a responder en tiempo y forma la infundada y por lo tanto improcedente queja que presentó el Representante Propietario del Partido Acción Nacional, en contra del Partido de la revolución democrática, del suscrito URIEL LOPEZ PARES y quien resulte responsable, misma que dio lugar al procedimiento registrado con el número de expediente señalado al rubro. Así y en relación con el señalamiento que se hace de la referida queja, en el sentido de que se infringe la normatividad electoral por la realización de actos anticipados de precampaña y campaña, sostengo inequívocamente que de los hechos en que se sustenta la propia queja NO SE ACTUALIZA VIOLACIÓN ALGUNA A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, porque no existe el mas mínimo indicio de que el suscrito URIEL LOPEZ PARES, a través de la nota periodística en que se apoya el quejoso, tuviera como objetivo el obtener el respaldo de los afiliados, simpatizantes o electorado en general, para ser postulada como candidata a un cargo de elección popular antes de la fecha de inicio de precampañas. Explico mi anterior aseveración destacando lo siguiente: 1.- La queja a que hago referencia se funda única y exclusivamente en la nota periodística que apareció publicada en la página electrónica del periódico La Jornada Michoacán, de fecha 8 ocho de febrero de 2010 dos mil diez. Es decir, se trata de una nota aislada, que al margen del valor legal que pudiera concedérsele, de ninguna manera bastaría para dar por justificada la acusación formulada por el representante del Partido Acción Nacional, puesto que si el suscrito estuviese realizando actos anticipados de precampaña y/o campaña, con posterioridad a dicha nota habría aparecido otros datos o pruebas que así lo reflejaran. 2.- Suponiendo, sin conceder, que la nota periodística de referencia mereciera absoluto valor probatorio, aun así no queda probado que el suscrito URIEL LOPEZ PARES, en el evento que ahí se menciona, o en algún otro, realizara actos 18

19 anticipados de campaña y/o precampaña. Es así porque revisando a detalle la nota, cuyo encabezado es Destapa Frente Democrático Cardenista a Uriel López, puede verse que en realidad no se trata de destape alguno, sino que hace referencia solamente a la intención de iniciar trabajos para impulsar al exponente LOPEZ PARES a la candidatura, sin que se especifique qué tipo de trabajos se realizarían, y, menos aun existe prueba posterior de que se hubiere realizado alguna actividad con el aludido propósito, porque en realidad no se llevó a cabo. Y, 3.- La nota periodística a que me he referido no merece valor probatorio alguno, justo por tratarse, insisto, de una nota aislada. Pero además, sostengo, porque lo ahí asentado, en cuanto a la intención de impulsar al suscrito URIEL LOPEZ PARES como candidato a la gubernatura, es falso; como también es falso que se haya iniciado algún trabajo para promover dicha candidatura. A lo antes dicho tiene aplicación la jurisprudencia del Rubro, Texto y Datos de identificación siguientes: Tercera Época Registro: Instancia: Sala Superior Jurisprudencia Fuente: Apéndice (actualización 2002) Tomo VIII, Jurisprudencia Electoral Materia(s): Electoral Tesis: 37 Página: 55 Genealogía: Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes , páginas , Sala Superior, tesis S3ELJ 38/2002. NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA TERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. CAUSAS IMPROCENCIA En virtud de que el estudio de las causales de improcedencia son de interés público y de naturaleza preferente sobre el estudio de fondo de las cuestiones planteadas por el impugnante, en el presente asunto se hacen valer las siguientes: En el presente casi resultan aplicables la causa de improcedencia prevista en el articulo 15 inciso e), previsto en el Reglamento para la tramitación y sustanciación de las faltas administrativas y aplicación de las sanciones establecidas en el Instituto Electoral de Michoacán, en donde se establece lo siguiente: Articulo 15. La queja o denuncia será desechada de plano por notoria improcedencia cuando: e) Resulta frívola, es decir, los hechos o argumentos resulten intrascendentes, superficiales, pueriles o ligeros. 19

20 Es improcedente la presente queja, en virtud, de que tal y como se desprende de la misma, el Partido Acción Nacional, no acredita fehacientemente que los hechos que se denuncian son violatorios de la norma electoral, ya que solo se trata de supuestos tal y como se advierte en las pruebas del quejoso adjunta, y que no demuestran las violaciones que presuntamente se ocasionan a la norma en materia, sino al contrario resulta evidente que existe frivolidad en la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional a través de su representante ante el Instituto Electoral en el Estado. Ahora bien, respecto a los hecho señalados por el quejoso, mi representado no violenta de ninguna forma, esto en virtud de que el periodo en el que se puede dar el caso de un acto anticipado de precampaña y campaña es a partir de la fecha en que haya sido electo el candidato por el partido político en el que milita, dentro del proceso de de elección interna y del proceso electoral, hasta un día antes del inicio formal de la campaña para la candidatura a la Gubernatura, y condicionado a que el candidato haya obtenido su registro como tal por parte del partido político o la coalición ante autoridad electoral. Por lo que esta autoridad, en atención a la valoración de las pruebas, atendiendo los principios de la lógica, sana crítica y experiencia, en relación a las pruebas remitidas por el Partido Acción Nacional, es claro que de estas no se desprende acreditación de los hechos presuntamente violatorios de la ley electoral cometidos y atribuibles al partido que represento según el dicho del partido quejoso. Así mismo es importante señalar el derecho consagrado en los artículos 6 y 9 de la Constitución, relativos a las garantías de libre expresión, reunión y asociación, dentro del marco de los hechos político electorales y electorales consagrados en el artículo 41 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y que a su vez han sido señalados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos , y 20, así como en la Carta Democrática Interamericana, que establece en su artículo 7 que La democracia es indispensab le para el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas Constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. Por lo que es importante destacar que cualquier ciudadano puede manifestar sus ideas de manera libre y sin ser coaccionados, así como reunirse y asociarse libremente con el grupo de ciudadanos que considere conveniente, sin que exista de por medio inquisición alguna al respecto, siempre y cuando no transgredan los derechos colectivos y el bien común en general. Sirve a manera de fundamento legal los siguientes criterios jurisprudenciales que a continuación me sirvo transcribir: HONRA Y REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL SARROLLO UNA CONTIENDA ELECTORAL SE JUSTIFICA POR TRATARSE RECHOS FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL EJERCICIO LA LIBERTAD EXPRESIÓN.- LIBERTAD EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMISACIÓN EN EL CONTEXTO L BATE POLÍTICO.- En relación a la normatividad electoral que se estima infringida, es importante señalar que como las pruebas que el quejoso aporta dentro del escrito de queja no son prueba plena que acredite su dicho, es evidente que tanto el suscrito URIEL LOPEZ PARES, no he transgredido la normatividad electoral, ya que nunca he señalado ser aspirante a candidato del Partido de la Revolución Democrática para la Gubernatura en el Estado de Michoacán, así como lo pretenden hacer valer en la queja motivo del estudio. No obstante la evidente improcedencia de la queja, en base a lo que he argumentado con antelación, me permito dar respuesta a la misma en cuanto A LOS HECHOS: Respecto del numeral señalado como 1 uno.- Cierto es que la nota que ahí se menciona fue publicada, pero se trata justamente de eso, de una nota periodística, con responsabilidad de quien la hace y la publica en este caso de un periodista (Viridiana López), y que por tratarse precisamente de una nota periodística no se deberá tomar como prueba plena y probatoria en virtud de que su veracidad se pone en duda, ya que no admito que lo que en la misma se señala se haya dado como ahí se indica, en particular niego que se hubiera declarado al suscrito como aspirante a la candidatura a Gobernador de Michoacán; así mimo es importante señalar que la 20

21 nota no especifica que el suscrito URIEL LOPEZ PARE (SIC), sea o pretenda ser el candidato por parte del Partido de la Revolución Democrática o uno distinto, para las próximas elecciones de Gobernador en el estado. Si bien es cierto que la nota precisa que el exponente URIEL LOPEZ PARES me reuní con integrantes de una corriente interna del Partido de la Revolución Democrática, denominada Frente Democrático Cardenista, tal actividad es lícita y se adecua al uso y ejercicio pleno del derecho de libre asociación y reunión, así como de libre expresión que consagra nuestra Constitución Federal, tal y como se demuestra con la misma nota la cual deja ver claramente que no se trata de actos anticipados de precampaña y campaña ya que no cuenta con los elementos suficientes para considerarse como tal. Es evidente que el quejoso pretende desvirtuar la información vertida en la nota periodística, ya que nunca se menciona literalmente que el suscrito será el próximo candidato a la Gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática, sin embargo el quejoso así pretende hacerlo ver, por lo que de la misma manera resulta evidente que no se trata de una promoción de mi persona con la finalidad de dejar en desventaja a los partidos que participen en la próximas elecciones en el Estado. En relación a la normatividad que se estima infringida, es evidente que al no probar su dicho el partido denunciante, la parte denunciada queda liberada de cualquier imputación respecto a la violación de la normatividad electoral señalada ya que no se trata de actos anticipados de precampaña y de campaña, como es evidente en la nota, solo se trata de un hecho que como ciudadanos ejercieron este grupo de personas al reunirse libremente, como integrantes de una corriente interna de un partido político, en la que nunca se señalo ni se solicito el voto directo para una persona en particular. Es evidente que no existe una difusión de imagen ya que la nota periodística en caso de tratarse de un acto verídico, según las pruebas que presenta el mismo quejoso solo fue publicada en un medio de comunicación, tal y como se prueba con la queja, en la que solo se adjunta una sola nota y de un solo periódico, por lo que es importante aclarar que no causa ningún efecto de desventaja entre los demás partidos, y más aún tratándose de una nota con el contenido de esta que se señala como prueba, en la que el contenido no prueba la razón de su dicho del quejoso. Por lo que hace al capítulo a que se refiere como de preceptos constitucionales y leales violados, manifiesto lo siguiente: Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37-E, 7-F (SIC), 37-G Y 49 del Código Electoral vigente en el Estado de Michoacán, los actos anticipados de precampaña y campaña electoral están expresamente prohibidos, también es verdad indiscutible que los hechos y/o actos denunciados por el representante del partido Acción Nacional, cuya realización atribuye al suscrito URIEL LOPEZ PARES, de ninguna manera constituyen actos anticipados de propaganda electoral, precampaña y/o campaña. No se configura la violación legal de que se queja el representante del Partido Acción Nacional, porque no se colman los requisitos legalmente previstos para estimar dichos actos como anticipados de precampaña (y/o campaña), por las razones siguientes: El artículo 49 del Código Electoral del Estado en su penúltimo párrafo establece: Ningún ciudadano por sí, por terceros, por organizaciones de cualquier tipo o por partidos políticos, podrá realizar actividades de las previstas en los párrafos tercero y cuarto de este artículo para promocionar su imagen o nombre con la finalidad de participar en un proceso de selección de candidato u obtener una candidatura, desde seis meses antes de que inicie el proceso electoral. El numeral Artículo 37-F establece: Son actos de precampaña los siguientes, cuando tienen por objeto promover a los precandidatos en su pretensión de obtener la nominación de partido político o coalición: a) Las asambleas, convenciones o reuniones de órganos partidistas; b) Los debates, foros, presentaciones o actos públicos; c) Las entrevistas en los medios de comunicación; 21

22 d) Las visitas domiciliarias a quienes participen como electores en el proceso de selección; y, e) Las demás actividades que realicen los aspirantes a candidatos con la finalidad de obtener el apoyo de quienes participen como electores en el proceso de selección. Y el articulo 37-G del invocado cuerpo de leyes establece: Se considera propaganda de precampaña electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que durante la precampaña, producen y difunden los aspirantes a candidatos y sus simpatizantes con el propósito de promover su pretensión de ser nominados como candidatos a un cargo de elección popular. De las transcritas disposiciones legales se concluye que la violación a la normatividad electoral, por actos anticipados de propaganda electoral, de precampaña y/o campaña electoral se actualiza cuando dichos actos tienen como objetivo el obtener el respaldo de los afiliados, simpatizantes o electorado en general. Para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular antes de la fecha de inicio de precampañas. Lo antes argumentado tiene además sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las ejecutorias emitidas dentro de los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano números SUP-JDC-1166/2010 y SUP-JDC-1239/2010. De lo expuesto, se advierte que en el presente caso no se desprende la actualización de elementos suficientes para tener por acreditado el requisito previsto en los citados artículos 37-g y 49, párrafo penúltimo, de la Ley Electoral del Estado de Michoacán, consistente en tener como objetivo el obtener el respaldo de los afiliados, simpatizantes o electorado en general, para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular antes de la fecha de inicio de precampañas. Es importante señalar que respecto a las reglas de campañas electorales, dentro del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, se considera que se dirigen a la obtención del voto, la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos, los anuncios espectaculares en la vía publica y la propaganda en las salas de cine y páginas de internet transmitidos, publicados o colocados durante las campañas electorales. Independientemente de la fecha de contratación y de pago, que presenten características especiales como son: 1.- La palabra clave voto, sufragio o sufragar, elección o elegir o algún sinónimo ya sea de manera verbal o por escrito; 2.- La aparición de imagen de alguno de los candidatos del partido, o la utilización de su voz o de su nombre, apellido apelativo o sobrenombre, sea verbalmente o por escrito; 3.- La invitación a participar en actos organizados por el partido o por los candidatos por él postulados; 4.- La mención de la fecha de la jornada electoral, sea verbal o por escrito; 5.- La difusión de la plataforma electoral del partido, o de su posición ante los temas de interés nacional; 6.- Cualquiera referencia verbal o escrita, o producida a través de imágenes o sonidos, a cualquier gobierno, sea emanado de las filas del mismo partido, o de otro partido distinto; 7.- La defensa de cualquier política pública que a juicio del partido haya producido; 8.- Produzca o vaya a producir efectos beneficios (SIC) para la ciudadanía; 9.- La critica a cualquier política pública que a juicio del partido haya causado efectos negativos de cualquier clase La presentación de la imagen del líder o líderes del partido; la aparición de su emblema; o la mención de sus slogans, frases de campaña o de cualquier lema con el que se identifique al partido o a cualquiera de sus candidatos. Sirve para justificar el dicho anteriormente señalado el siguiente criterio jurisprudencial que a continuación de transcribe: 22

23 PROPAGANDA ELECTORAL. COMPREN LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCION PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En principio debe destacarse que la quejosa no ofrece pruebas idóneas para sustentar su dicho, por lo que, las afirmaciones del quejoso resultan temerarias y subjetivas, toda vez que les está otorgando una interpretación personal fuera de toda loica y objetividad. Por lo que es evidente que el quejoso trato de desvirtuado (SIC) los hechos y derecho manifestado, por lo que solicito al Consejo General de este Instituto Electoral de Michoacán declaren INFUNDADA la queja instaurada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido de la Revolución Democrática, del suscrito URIEL LOPEZ PARES y quien resulte responsable, por así ser procedente en derecho. OBJECIÓN A LAS PRUEBAS Se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, en cuanto al enlace y valor probatorio que pretende darles, en contra del Partido de la Revolución Democrática, en razón de que las mismas no resultan ser los medios de prueba idóneos para probar lo dicho por el inconforme. Por los argumentos anteriormente vertidos, los cuales niegan totalmente la conducta imputada en forma injusta e infundada expresada en la queja que hoy se contesta, esta representación ofrece a este consejo General las siguientes: PRUEBAS: 1. INSTRUMENTAL ACTUACIONES.- Consistente en el análisis de las constancias que obran en el expediente que se forma con motivo del presente recurso, en todo lo que beneficie al Partido de la Revolución Democrática. 2. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo lo que esta autoridad pueda razonar y valorar de las constancias que obren en el expediente, en lo que beneficie a los intereses de mi representado. SEXTO.- Posteriormente mediante oficios número IEM/SG-57/2011 e IEM/SG- 85/2011 de fecha 18 dieciocho de Enero y 16 de Febrero de la presente anualidad, respectivamente, el Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, realizo requerimiento, en su orden, al Director General de la Jornada Michoacán y al Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Institucional del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de que informara el primero de los citados, si la nota periodística base de la queja, fue elaborada en el ejercicio profesional de los periodistas que laboran en dicho medio de comunicación, y/o correspondían a notas publicitarias pagadas y en este último caso, informara el nombre de la persona o institución solicitante y remitiera copia simple de la factura correspondiente; y respecto al segundo, remitiera el ejemplar del medio impreso, el cual contiene la nota denunciada con la finalidad de llevarse a cabo el cotejo del mismo; de los cuales únicamente el segundo en 23

24 mención, dio contestación al requerimiento con fecha 16 dieciséis de Febrero del año que transcurre, remitiendo la información solicitada. SÉPTIMO.- El día 16 dieciséis de Febrero de la presente anualidad, se recibió en la Secretaría General del Instituto Electoral de Michoacán, el oficio sin número, de la misma fecha, signado por el C. Víctor Armando López Landeros, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Institucional de este Órgano Electoral, mediante el cual dio contestación al requerimiento que le fuera realizado, anexando el ejemplar del periódico solicitado; recayendo al mismo el diverso auto de fecha 17 diecisiete de Febrero del año en curso, mediante el cual se tuvo por recibida la información y se procedió a realizar la certificación de la copia de la nota informativa contenida en el periódico La Jornada Michoacán, de esa misma fecha. OCTAVO.- Mediante acuerdo dictado el día 24 veinticuatro de Febrero del año en curso, el Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán, ordenó poner el expediente a la vista de la partes mediante notificación personal, a efecto de que dentro del término de 05 cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación, expresaran los alegatos que a su derecho correspondan. Notificación realizada al Ciudadano Uriel López Paredes, el día 04 cuatro de Marzo del presente año; y a los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el día 07 siete del mismo mes y año. Posteriormente con fechas 14 catorce y 15 quince de Marzo del presente año, el Secretario General del Instituto Electoral dicto proveídos, en los que tuvo a los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente, presentando escrito de alegatos a su favor, mismos que realizaron en los siguientes términos: Partido de la Revolución Democrática: Por medio del presente y con fundamento en el artículo 42 Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de las Faltas Administrativas y Aplicación de las Sanciones Establecidas, estando dentro del término legal vengo a presentar los siguientes: A L E G A T O S: PRIMERO.- Que dentro de los autos se desprende que el actor presento únicamente como pruebas notas periodísticas, por lo que cabe señalar que no existe nexo ni vinculo causal de las notas periodísticas con la expresión 24

25 de opiniones del C. URIEL LÓPEZ PARES, pues solo fueron manifestación de ideas y no existe ningún elemento de campaña anticipada como sería utilizar en alguna acepción la palabra "voto" o la fecha de la elección, además que no se realiza referencia alguna a una supuesta aspiración a la gubernatura. Así tenemos que las notas no reúne ninguno de los requisitos y extremos siguientes: NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA TERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 170/2001. Partido Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado. Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido Acción Nacional. 30 de enero de Unanimidad de votos. Sala Superior, tesis S3ELJ 38/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes , páginas Consecuentemente, este Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, debe realizar una debida valoración de notas periodísticas y valorar la fuerza incidiría de las mismas, y así deslindar lo afirmado por el actor pues el C. URIEL LÓPEZ PARES nunca se ha ostentado como aspirante a Gobernador. SEGUNDO.- Que lo que el actor pretende denunciar se encuadra en la libre manifestación de ideas que realiza el C. URIEL LÓPEZ PARES, mismas que se encuentran consagradas en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional; así este Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán debe 25

26 considerar tales aspectos y declarar infundada la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra del partido que represento. En este orden de ideas, es importante apuntar que este Consejo General debe de concebir el derecho a la libertad de expresión como un valor democrático fundamental y en consecuencia declara infundada la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra del partido que represento y del ciudadano Uriel López Paredes, pues al no reconocer la importancia que reviste este derecho en la formación de la opinión pública que debe entenderse que opera en su favor una presunción de prevalencia en todo momento. Así la este Consejo General debe tomar en cuenta que en un Estado democrático, el ejercicio del derecho de voto es fundamental y que el sufragio sólo se puede emitir cuando el electorado cuenta con un acceso adecuado a la información, además de tener el derecho a la libertad de expresar su pensamiento y opinión. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que los derechos fundamentales de libre expresión de ideas, de imprenta, comunicación y acceso a la información, son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de un Estado de Derecho con democracia representativa. Lo anterior se advierte en el texto de la tesis de jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal de la República, identificado con la clave P./J. 24/2007, que es del rubro siguiente: LIBERTAD EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN RECHOS FUNDAMENTALES L ESTADO RECHO. Ahora bien, la protección constitucional de la libertad de expresión, entendida como la emisión de ideas, juicios, opiniones y creencias personales, incluye el derecho a expresar convicciones políticas, morales, religiosas, filosóficas o de cualquier otro tipo, en términos de lo previsto en los artículos 1º, 3º, 6º, y 7º, en concordancia con los artículos 40 y 41 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia ha considerado que el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Así, al garantizar la seguridad jurídica de no ser víctima de un menoscabo arbitrario, en la posibilidad para manifestar el pensamiento propio, la garantía al derecho de libertad de expresión, asegura el derecho de todos a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual se asocia a la dimensión colectiva o social del ejercicio de este derecho individual o personal. Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e información, que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás tienen y quieren difundir. Las consideraciones en cita están contenidas en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave P./J. 25/2007, que obra bajo el rubro LIBERTAD EXPRESIÓN. DIMENSIONES SU CONTENIDO, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007, a fojas mil quinientos veinte. En este orden de ideas, el derecho de libertad de expresión es, efectivamente, un medio para el intercambio de ideas e información que protege tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista, como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias, que los demás tienen y quieran difundir. 26

27 Luego, tanto la dimensión social como individual del derecho a la libre expresión, se deben garantizar en forma simultánea, para garantizar la debida efectividad del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. En este sentido, resulta aplicable la cita del siguiente criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: LIBERTAD EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO L BATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-288/2007. Actor: Partido Acción Nacional Autoridad responsable: Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas.-23 de octubre de Unanimidad de seis votos. Ponente: Constando Carrasco Daza. Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-367/2007. Actor: Partido Acción Nacional Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas.-7 de noviembre de Unanimidad de votos. Ponente: Constando Carrasco Daza. Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. En efecto, es criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cuando el ejercicio de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de libertad de expresión, libertad de información y libertad de imprenta, previstos en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza con el fin de obtener el voto de los ciudadanos para acceder a un cargo de elección popular, tales derechos fundamentales se deben interpretar, con arreglo al método sistemático, en los términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo cuarto y, 41 de la Constitución General de la República, en razón de que tanto los partidos políticos nacionales como los ciudadanos, que aspiran a obtener un cargo de elección popular, están sujetos a los deberes, restricciones y limitaciones que la propia Constitución establece al 27

28 respecto y, en especial en la materia política en general y en la políticoelectoral en específico. Por su parte, las elecciones libres, auténticas y periódicas, sustentadas en el voto universal, libre, secreto, personal y directo, de los ciudadanos, en conjunción con la libertad de expresión y difusión de las ideas e información, en particular, en su aspecto de libertad de debate y crítica política, así como el pleno ejercicio de los demás derechos políticoelectorales de los ciudadanos, constituyen el fundamento de toda democracia constitucional. Así, con relación a la libertad de expresión en el ámbito político, también se debe atender a las disposiciones fundamentales en materia política en general, y política-electoral en especial; por ejemplo, en el orden federal, las concernientes a la calidad que se otorga a los partidos políticos como entidades de interés público; el derecho que se prevé a favor exclusivo de los ciudadanos nacionales, para intervenir en los procedimientos electorales, el principio de equidad entre los partidos políticos, que se debe garantizar tratándose de los elementos con los que deben contar para llevar a cabo sus actividades, con relación a las reglas a que se debe sujetar su financiamiento público y privado, las reglas aplicables para sus precampañas y participación en las campañas electorales; el principio de equidad que debe prevalecer en el uso permanente de los medios de comunicación social; los principios rectores de la función electoral, especialmente, los de certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y legalidad; los principios, entre otros, de honradez e imparcialidad, que deben imperar en la aplicación de los recursos públicos, que están bajo la responsabilidad de los servidores públicos. En consecuencia, se debe proteger y garantizar el ejercicio eficaz del derecho fundamental a la libertad de expresión en materia política, en general, y en materia política-electoral, en especial; tanto en las precampañas como en las campañas electorales, en tanto premisa o requisito indispensable para una elección libre y auténtica, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 41 del mismo ordenamiento, así como en relación con los tratados internacionales vinculantes para el Estado Mexicano, bajo el imperativo de respetar los derechos de terceros, así como el orden público. En tal virtud, tal como lo ha señalado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el derecho de libertad de expresión sólo debe atender a las restricciones, deberes y limitaciones, constitucional y legalmente establecidas, es consustancial al sistema democrático de Derecho que en la participación política en general y en la políticaelectoral, en especial, se permite puesto que en dicho ámbito se debe ponderar la libre circulación de ideas e información, acerca de los candidatos y sus partidos políticos, a través de cualquier vía o instrumento lícito, que, en principio, libremente elijan los propios entes políticos, candidatos y cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información al respecto. Sin embargo, no se puede olvidar que en el caso de los partidos políticos se debe considerar que se trata de entidades de interés público, lo cual implica que la sociedad en general y el Estado mismo tienen un legítimo interés en que cumplan los fines que constitucionalmente les están asignados y que sujeten su actuación a las prescripciones constitucionales y legales respectivas, particularmente, las que atañen a su intervención en la vida política en general y en los procedimientos electorales, en especial. Esto es así, porque los partidos políticos son actores que, como su nombre lo indica, actúan como agentes permanentes de creación de opinión sobre los asuntos públicos de la República cuya actuación, ordinaria y permanente, está estrechamente vinculada al discurso político y, por 28

29 ende, al constante ejercicio del derecho a la libertad de expresión y difusión de ideas. En conclusión este Consejo General debe declarar infundada la queja presentada por el Partido Acción Nacional, y en consecuencia considerar nuestro derecho de libertad de expresión consagrado artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Así podemos concluir, que este Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán debe privilegiar el ejercicio de los derechos fundamentales frente a un valor instrumental y, por tanto, lo procedente por este Consejo General, es declarar infunda la queja presentada por el Partido Acción Nacional, en contra del Partido que represento y del C. Uriel López Paredes. Partido Acción Nacional: Con fundamento en lo establecido en los artículos 8, 14, 16, 17, 41 y 116 base IV de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en los artículos 34 fracción II y 281 del Código Electoral del Estado de Michoacán, y de conformidad con la notificación que esta autoridad electoral me ha hecho sobre la etapa en que se encuentra el procedimiento de referencia por medio del presente escrito vengo a exponer los siguientes: ALEGATOS: Primero.- Ratifico en todos y cada uno de sus términos el recurso de queja presentado por el suscrito ante la Secretaría General de este Órgano Electoral con fecha 24 de Noviembre de 2010, mismo que por razones de turno fue registrado bajo el número IEM/P.A.15/2010, la queja anteriormente mencionada es en contra del partido de la Revolución Democrática, el C. Uriel López Paredes y quien resulte responsable por diversas violaciones a la normatividad electoral. Segundo.- En relación con las disposiciones legales violentadas por los infractores mencionados con antelación, encontramos que su conducta contraviene lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los artículos 35 fracciones XIV y XV, 36, 37-A al 37-K, 49, 51, 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán, y resulta obvio que con las acciones descritas a detalle en el escrito de queja, trasgrede los principios de legalidad y equidad que se deben observar en todo proceso electoral. Tercero.- Cabe considerar que desprendido de lo relatado en mi escrito de queja, genera un daño irreparable al partido que me honro en representar, el hecho de que el Partido de la Revolución Democrática, así como su militante el C. Uriel López Paredes, realicen actos encaminados a anticipar 29

30 precampaña y lógicamente campaña, lo cual en determinado momento podría posicionar en un entorno social al Partido y al ciudadano mencionado y dejar un esquema de desventaja a la persona que el Partido Acción Nacional y su militancia elija como candidato para el proceso de referencia. Cuarto.- En relación con la Documental Privada exhibida por el suscrito, solicito se le otorgue Pleno valor probatorio, la referida prueba consiste en una nota periodística publicada en la página de Internet en un medio de comunicación denominado La Jornada Michoacán, el cual es altamente concurrido por la sociedad michoacana, lo cual lesiona con mayor intensidad a mi partido por los alcances mayores que llega a tener la difusión de los actividades de los infractores en un medio electrónico que esta al alcance de cualquier persona. En base a lo señalado encontramos claramente la intención de hacer pública la intención del Partido de la Revolución Democrática y el C. Uriel López Paredes por dejar claro que Uriel López Paredes participará como precandidato del PRD a la gubernatura del estado de Michoacán, por lo tanto y después de una interpretación armónica, sistemática y funcional de los preceptos legales antes citados, queda claro que el día 08 de febrero del año 2010 dos mil diez, que es la fecha en la cual encontramos publicada la nota periodística de referencia, no había iniciado ni oficial ni formalmente ningún proceso electoral, por lo que esas actividades que son realizadas con la intención de reunir a miembros de ese partido con el propósito de apoyar su aspiración, así como todas aquellas actividades encaminadas a obtener la simpatía de mas seguidores y con ello lograr la nominación de su partido para que sea registrado en determinado momento, es decir lo que la legislación denomina actividades propias de precampaña. En este sentido, la propia Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación marca como aplicable las siguientes tesis jurisprudenciales: PROPAGANDA ELECTORAL. COMPREN LA DIFUSION COMERCIAL QUE SE RALIZA EN EL ONTEXTO UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELA LA INTENCION PROMOVER UNA CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANIA.- En términos del artículo 182, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado, o desalentar la preferencia ante un candidato, colación o partido político. En ese sentido, se debe considerara como propaganda electoral todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de Promoción empresarial; cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúan también con la intención de presentar una candidatura ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que identifican a un candidato con un determinado partido político o coalición, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial, puesto que, lo trascendente, es que con ello se promociona una candidatura. 30

31 Recurso de apelación SUP-RAP-115/ Actor: Partido de la Revolución Democrática.- Autoridad responsable: Consejo general del Instituto Federal Electoral.- 12 de marzo de Unanimidad de seis votos.- Ponente: Constancio Carrasco Daza.- Secretarios: Fidel Quiñones Rodríguez y Daniel Juan García Hernández. La sala Superior en sesión publica celebrada el treinta y uno de julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. ACTOS ANTICIPADOS CAMPAÑA. SE ENCUENTRAN PROHIBIDOS IMPLICITAMENTE (Legislación del estado de Jalisco y similares). Aun cuando la Ley Electoral del Estado de Jalisco no regula expresamente los actos anticipados de campaña, estos es, aquellos que, en su caso, realicen los ciudadanos que fueron seleccionados en el interior de los partidos políticos para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, durante el tiempo que media entre designación por los institutos políticos y el registro formal de sus candidatura ante la autoridad administrativa electoral, ello no implica que puedan realizarse, ya que el legislador estableció la prohibición legal de llevar a cabo actos de campaña fuera de la temporalidad prevista en el articulo 65, fracción VI, de la invocada ley local electoral, por lo que no es valido que los ciudadanos que fueron seleccionados por los partidos políticos como candidatos tengan la libertad de realizar propaganda electoral antes de los plazos establecidos legalmente. En el citado artículo 65, fracción VI, se establece que son prerrogativas de los partidos políticos iniciar las campañas electorales de sus candidatos, formular o planillas, a partir del día siguiente en que se haya declarado valido el registro para la elección respectiva y concluirlas tres días antes de la elección, esta disposición legal implica, entre otros aspectos, que los partidos políticos no tienen el derecho de iniciar las campañas electorales de sus candidatos, formulas o planillas al margen del plazo establecido por le propio ordenamiento, de lo que deriva la prohibición de realizar actos anticipados de campaña, en razón de que el valor jurídicamente tutelado por la disposición legal invocada es el acceso a los cargos de elección popular con condiciones de igualdad, y el hecho de que se realicen actos anticipados de campaña provoca desigualdad en la contienda por un mismo cargo de elección popular, ya que si un partido político inicia antes del plazo legalmente señalado la difusión de sus candidatos, tiene la oportunidad de influir por mayor tiempo en el animo y decisión de los ciudadanos electores, en detrimento de los demás candidatos, lo que no sucedería si todos los partidos políticos inician sus campañas electorales en la misma fecha legalmente prevista. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-542/2003 y acumulado. Partido Revolucionarios Institucional. 30 de diciembre de Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Gabriel Mendoza Elvira. Sala Superior, tesis S3EL 016/2004 Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes , páginas Resulta claro y evidente que de la interpretación de la norma expuesta en este escrito deriva la afirmación de que la conducta del Partido de la Revolución Democrática y Uriel López Paredes es violatoria y necesariamente debe ser reprimida en términos legales. 31

32 Así mismo con fecha 14 catorce de Marzo del año en curso, el Secretario General de este Órgano Electoral, levanto certificación, mediante la cual hace constar que el C. Uriel López Paredes, no compareció ante esta Institución, a efecto de que presentara los alegatos que estimara pertinentes, dentro del termino legal que le fuera concedido. NOVENO.- En términos de lo previsto en el artículo 42 del Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de las Faltas Administrativas y Aplicación de Sanciones Establecidas, mediante auto de fecha 15 quince de Marzo de 2011, dos mil once, se cerró la instrucción y se ordenó poner los autos a la vista de la Secretaría General para la elaboración del Proyecto de Dictamen correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- COMPETENCIA. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, es competente para conocer y resolver el procedimiento administrativo, con fundamento en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 101, 113 fracciones I, XI, XXVII, XXXVII y XXXIX, 279, 280, 281 y 282 del Código Electoral del Estado. SEGUNDO.- REQUISITOS PROCENCIA.- Previo al estudio de fondo del asunto que nos ocupa procede analizar si en la especie existe alguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los artículos 15 y 17, del Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de las Faltas Administrativas y Aplicación de las Sanciones Establecidas, toda vez que de ser así, este órgano estaría impedido para pronunciarse en cuanto a los hechos concretos denunciados. Así las cosas, es preciso señalar que la denuncia se presentó por escrito con el nombre y la firma autógrafa del quejoso, se aportaron pruebas con las que se pretenden acreditar los hechos denunciados y se solicitó se agregaran al expediente otras que se estimó eran útiles al efecto; los hechos denunciados no han sido materia de otra queja o denuncia resuelta por el órgano electoral administrativo; de igual forma, como ya anteriormente quedó de manifiesto, este 32

33 órgano es competente para conocer la cuestión planteada; y, a la fecha se estima que no se ha presentado ninguna de las causales de improcedencia previstas en el reglamento; y el quejoso no se ha desistido de la denuncia presentada. Por lo que se refiere a la causal de improcedencia hecha valer por el Representante del Partido de la Revolución Democrática y el C. Uriel López Paredes, en el sentido de que resulta aplicable la causal de improcedencia prevista en el artículo 15 inciso e), del Reglamento para la tramitación y sustanciación de las faltas administrativas y aplicación de las sanciones establecidas del Instituto Electoral de Michoacán, relativa a la frivolidad de la misma, en virtud de que, en su concepto, el Partido Acción Nacional, no acredita fehacientemente que los hechos que se denuncian son violatorios de la norma electoral, ya que solo se trata de supuestos tal y como se advierte en las pruebas que el quejoso adjunta y que no demuestran las violaciones que presuntamente se ocasionan a la norma electoral. Así mismo, argumentan los denunciados que es improcedente en virtud de que el período en el que se puede dar el caso de un acto anticipado de precampaña y campaña es a partir de la fecha en que haya sido electo el candidato por el partido político en el que milita, dentro del proceso de selección interna y del proceso electoral, hasta un día antes del inicio formal de la campaña para la candidatura a la Gubernatura, y condicionado a que el candidato haya obtenido su registro como tal por parte del partido político o la coalición, ante la autoridad electoral. Tales argumentos se considera deben desestimarse por las siguientes razones: Se considera que debe desestimarse la manifestación de los denunciados en el sentido de que la queja que nos ocupa debe declararse improcedente por frívola, toda vez que contrario a lo argumentado, los hechos y manifestaciones plasmados en la denuncia, requieren ser valorados en el estudio de fondo del caso, puesto que de su simple lectura no es posible deducir que se trate de argumentaciones intrascendentes, superficiales, pueriles o ligeras, antes bien, se considera que requieren de una valoración y análisis puntual para determinar si con los mismos en conjunto con las pruebas presentadas y las obtenidas durante la investigación se acreditan o no las irregularidades planteadas, en este caso la presencia de actos anticipados de precampaña o campaña denunciados. Sirve para 33

34 fundamentar lo anterior el siguiente criterio manejado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO UN MEDIO IMPUGNACIÓN. PUE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una 34

35 entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de Unanimidad de votos. Sala Superior, tesis S3ELJ 33/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes , páginas Ahora bien, respecto de las argumentaciones relativas a que es improcedente la presente acción, en virtud de que el período en el que se puede dar el caso de un acto anticipado de precampaña y campaña es a partir de la fecha en que haya sido electo el candidato por el partido político en el que milita, dentro del proceso de selección interna y del proceso electoral, hasta un día antes del inicio formal de la campaña para la candidatura a la Gubernatura, y condicionado a que el candidato haya obtenido su registro como tal por parte del partido político o la coalición, ante la autoridad electoral; estos puntos por ser considerados de fondo, dado que lo sustentado por los denunciados, tienda a evidenciar que no existen elementos que conformen actos anticipados de precampaña o de campaña; y en virtud de ello es que se procederá a su análisis y pronunciamiento, en el siguiente considerando. En esas condiciones, y al no advertirse la actualización de alguna otra causa de improcedencia, lo conducente es abordar el estudio del fondo del asunto. TERCERO.- ESTUDIO FONDO.- AGRAVIOS L PARTIDO ACTOR.- En el presente apartado se procederá al análisis del agravio expuesto por el Partido Acción Nacional, y que en su concepto 35

36 constituye violación a la normativa electoral, esencialmente en: misma que se hace consistir Que con fecha 08 ocho de Febrero de 2010 dos mil diez, el periódico denominado La Jornada Michoacán publicó en su página de Internet una nota periodística la cual tiene como titulo Destapa Frente Democrático Cardenista a Uriel López. Con lo cual, en concepto del denunciante se advierte que el Ciudadano Uriel López Paredes se encuentra realizando actos anticipados de precampaña y campaña, toda vez que de manera previa al inicio del proceso electoral local de 2011 dos mil once, se encuentra promoviendo su imagen y realizando manifestaciones públicas en relación a su intención de ocupar un cargo de elección popular; actos con los cuales en términos del quejoso, los denunciados infringen los artículos 41 y 116 base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y los artículos 35 fracción XIV, XV, 36, 37 A al 37 K, 49, 51 y 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán. MEDIOS CONVICCION PRESENTADOS POR EL ACTOR. Para demostrar su dicho el partido actor, presentó como prueba la impresión del contenido de la pagina de Internet del periódico La jornada Michoacán con dirección misma que se reproduce a continuación:

37 Así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto tanto legal como humana. ALEGATOS PRESENTADOS POR EL ACTOR. Dentro de sus alegatos el representante del Partido actor manifestó medularmente lo siguiente: 1.- Que las acciones realizadas por el denunciado, transgreden los principios de legalidad y equidad que se deben de observar en todo proceso electoral; y que el hecho de que el Partido de la Revolución Democrática y el ciudadano Uriel López Paredes, se encuentren realizando actos de precampaña y campaña electoral, generan un daño irreparable al Partido Acción Nacional, pues en su momento dejarían en un esquema de desventaja a dicho partido, así como al candidato que elija su militancias para el proceso electoral. 2.- Solicitó se le otorgara valor pleno probatorio a la documental privada que exhibieron con la queja, consistente en una nota periodística publicada en el 37